La mujer, una auxiliar de clínica de 29 años, denunció a su caso por dos vías diferentes: la penal, para acusar a su jefe, A. M. C., de haberla sometido a acoso sexual y laboral, y la social, para que se reconociera la gravedad de las secuelas psicológicas que padece.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander absolvió a A.M.C. por considerar que existían elementos objetivos que ponían en duda la realidad de los hechos que le achacaba su empleada, un criterio que también mantuvo el Ministerio Fiscal, que al acabar el juicio retiró la acusación que había formulado al inicio del proceso.

En cambio, el Juzgado de lo Social número 4 de Santander concedió a la mujer la incapacidad permanente absoluta para desempeñar cualquier puesto de trabajo, debido a las secuelas psicológicas que padece y que la propia sentencia atribuye a "acoso laboral".

El juez de lo Social argumentó que los informes médicos prueban que la mujer padece "un transtorno de estrés postraumático por acoso laboral y un transtorno mixto ansioso-depresivo de intensidad grave secundario", que la incapacitan para desempeñar cualquier tipo de actividad laboral, "por liviana o sedentaria que sea".

La magistrada que juzgó el caso en la vía penal reconoció que, si fueran ciertos los hechos relatados por la denunciante, ésta habría sufrido una serie de vejaciones que podrían calificarse de "torturas físicas verdaderamente refinadas (...), verdaderos actos de maltrato físico y psicológico que parecen propios de un relato de terror".

DUDAS


Sin embargo, la juez entendió que existían una serie de circunstancias que ponían en duda la credibilidad de su testimonio: los problemas laborales que tenía con su jefe, la declaración de clientes de la clínica que aseguraron que era tratada "correctamente" o la falta de una explicación convincente a por qué "pudo soportar durante tres años" las vejaciones que relataba.

La sección primera de la Audiencia de Cantabria confirma ahora su fallo al examinar el recurso de apelación presentado por la mujer.

El tribunal subraya que los informes médicos pueden servir para probar la realidad de los problemas psicológicos que padece la mujer, pero, "por sí mismos, no son prueba de la veracidad de lo declarado por la supuesta víctima", máxime cuando fueron emitidos tres años después de la fecha en la que habrían sucedido los hechos.

La Audiencia razona que la juez de lo Penal explicó de forma "exhaustiva aquellos elementos que, en un delito que habría sido cometido en la única presencia de denunciante y acusado, llevan a dudar de la versión de los hechos que ofrece la denunciante".

"La sentencia absolutoria se encuentra razonada y justificada en cuanto a los hechos que declara probados; incólumes estos, el recurso no puede prosperar", concluye el tribunal, en una sentencia contra la que ya no cabe recurso alguno.