En este espacio se ha hecho referencia de forma reiterada a la modernidad y la alta tecnología del entorno agrario y agroindustrial europeo, español y, en particular, el andaluz. Sin embargo, una de las cuentas que todavía tiene pendiente nuestro campo es contar con un sector investigador puntero. Por supuesto se trata de una generalidad que no debe ocultar la calidad de varios equipos de investigación agraria que en la actualidad operan en esta región.

Pero en este sector, la investigación viene marcada por algunas singularidades: los presupuestos son limitados, existe un alto nivel de endogamia que impide la adecuada transferencia de conocimiento fuera de los círculos especializados, los nuevos avances llegan en muy contadas ocasiones a la opinión pública, existe duplicidad en numerosos campos de investigación, una buena parte de las líneas de investigación se centran en sectores con pocas perspectivas de futuro.

Los veinticinco ministros de Agricultura de la Unión Europea, conscientes de estas limitaciones, se reunieron en Krems (Austria), para poner en marcha un programa científico de carácter agrario. Se ha considerado como objetivo prioritario la consolidación de la imagen de calidad de los alimentos y la innovación como herramienta para alcanzarla.

Por otro lado, el Séptimo Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo 2007-2013, va a destinar casi 2.000 millones de euros para la investigación en alimentación, biotecnología y agricultura.

Otro tanto deberá ser aportado por las administraciones nacionales y regionales, lo que implica un montante total de 4.000 millones de euros en siete años, 570 millones de euros al año. Esta nada despreciable cifra deberá potenciar los proyectos de colaboración y consolidar los trabajos de investigación que se desarrollan en los diferentes institutos de investigación agraria, algunos anclados en un modelo agrario obsoleto.

En definitiva, una interesante apuesta de vanguardia a escala europea, que si se gestiona bien, mejorará la imagen y la competitividad de un vapuleado sector primario. Pero como todos los investigadores conocen, el acceso a estos fondos lo marca el libre mercado.

Es decir, hay que plantear proyectos innovadores, transferibles y equilibrados que puedan competir con las numerosas ideas que cada año definen cualificados equipos multidisciplinares y trasnacionales. No es tarea fácil. Tampoco está resultando fácil a las tres principales organizaciones agrarias, ni a los principales agentes del sector ganadero, conseguir la eliminación del certificado veterinario.

Este anacrónico trámite administrativo se implantó como medida de control y prevención del mal de las vacas locas.

En la actualidad solo España lo mantiene. Este certificado implica un mayor coste para el ganadero así como una innecesaria complicación administrativa. En cuanto al supuesto control sanitario, ya está cubierto por la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria. Va siendo hora que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) decida su supresión.

Llegados a esta situación, tal como ha informado Agroeuropa, más de once organizaciones del campo han solicitado por escrito al Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, que intervenga.