Concretamente, el PP se querelló contra Francisco Cárceles al entender que había dado información privilegiada a la empresa adjudicataria del concurso de consultoría del Plan Funcional de las Areas de Atención Ambulatoria de Valdecilla.

Ahora, el Juzgado de Instrucción ha decidido el sobreseimiento provisional de la querella por "no resultar debidamente acreditada la comisión del delito investigado".

El juzgado ratifica su resolución del pasado 14 de diciembre, donde señalaba que, dada la cuantía económica del citado concurso de consultoría "es evidente que ni era obligatorio ni necesario (el procedimiento de concurso) pudiendo legalmente haberse adjudicado de manera directa a la entidad finalmente beneficiaria", por lo que la tipificación legal que se denuncia "se vuelve inexistente".

El Partido Popular de Cantabria denunció hace un año (el 20 de junio de 2005) ante el Pleno del Parlamento presuntas ilegalidades en la adjudicación de la consultoría del Plan Funcional de las Areas de Atención Ambulatoria de Valdecilla y posteriormente presentó una querella por supuesto delito de información privilegiada.

Tanto el Gobierno regional como el director gerente de Valdecilla, que tuvo que comparecer ante el juez en septiembre del año pasado, defendieron que la adjudicación de esta consultoría se ajustaba estrictamente a la legalidad.