La Universidad de Cantabria inaugura este año una nueva sede de cursos de verano dedicada a la cooperación internacional para el desarrollo en la finca del marqués de Valdecilla, propiedad del ayuntamiento de Medio Cudeyo. La elección y acondicionamiento de este marco incomparable -que es uno de los primeros frutos del convenio de colaboración con el Gobierno Regional por el que se creó la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica- tiene una carga simbólica totalmente intencionada.

En efecto, Ramón Pelayo de la Torriente, marqués de Valdecilla, se convirtió, con sus donaciones y su actividad de responsabilidad social corporativa, en uno de los agentes de desarrollo más activos de la región, junto con Antonio López y López, marqués de Comillas, cuando Cantabria y España eran economías atrasadas. El codesarrollo, un término acuñado en 1997 para designar la ayuda al desarrollo en la que participan los emigrantes, ya era entonces una realidad construida por centenares de redes migratorias informales de la sociedad civil montañesa, redes que constituían una fuente de capital social de primera magnitud, mediante el impulso de valores proactivos y la consolidación de lazos históricos con Iberoamérica.

Ahora que España es el quinto donante a nivel mundial en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y que ésta se considera como un pilar para la gestión de la gobernabilidad global en la lucha contra la pobreza, la cooperación al desarrollo ha pasado al núcleo duro de nuestra acción exterior. Pero, además, la lucha contra la pobreza es una obligación internacional desde que en 1993 la Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena, definiera la extrema pobreza y la exclusión social como «una violación de la dignidad humana». La superación de la pobreza y el derecho al desarrollo forman parte, pues, del cuadro de derechos intrínsecos (definidos por la universalidad, indivisibilidad e interdependencia) de todos los seres humanos. La cooperación al desarrollo se ha convertido, así, en parte de un sistema de derechos y obligaciones internacionalmente convenido, no en una acción graciosa y discrecional de los países desarrollados.

El Gobierno de España, al asumir la Declaración del Milenio en el Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008), se ha comprometido en esa lucha contra la pobreza con un incremento de los recursos (los 2.600 mil millones de euros de 2005 se prevén duplicar prácticamente para 2008 llegando al 0,5 del PIB) y de la propia calidad de la ayuda. Para esto último se han elaborado estrategias sectoriales en materia de educación, salud, equidad de género y organismos multilaterales, así como actuaciones regionales (entre las que destaca el Plan África), y se están introduciendo criterios de evaluación a escala nacional para lograr una mayor efectividad de la AOD.

También en el frente de erradicación de la pobreza se está impulsando el codesarrollo, lo que implica reforzar la cooperación descentralizada, esto es, la que realizan las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos que, como administraciones de proximidad, son más permeables a las demandas de la sociedad civil y a las necesidades de los inmigrantes. Como éstos aportan conocimientos precisos sobre los problemas de sus países de origen y una indudable iniciativa emprendedora se convierten con su doble interlocución en actores necesarios de la cooperación, por lo que deberían estar integrados en la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de cooperación y su experiencia podría ser aprovechada para la creación de tejidos de pequeñas y medianas empresas sobre el terreno. Baste señalar que el monto de las remesas de los inmigrantes a sus países en Iberoamérica supera en la actualidad la cuantía de la inversión extranjera directa.

La cooperación descentralizada, que suponía en 2005 un 15% de la AOD de España y más del 60% del presupuesto de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se coordina a través de la Comisión Interterritorial en la que están representadas las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos y los Fondos Municipales de Cooperación. En Cantabria, la cooperación descentralizada está liderada por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, pero Consejerías como la de Medio Ambiente se van a sumar este año con una convocatoria específica para proyectos de cooperación en desarrollo sostenible. Por su parte, 36 de los 102 ayuntamientos de la región realizan diversas actividades de cooperación y esperamos que pueda ponerse en marcha el Fondo de Cooperación Municipal para impulsar la cooperación directa y que la Ley de Cooperación esté aprobada a finales de este año.

Todo este despliegue institucional debe completarse ahora con la incorporación decidida de la Universidad de Cantabria al campo de las políticas públicas de cooperación al desarrollo. En las conclusiones del III Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, organizado por todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid en abril pasado, se asumió el compromiso de convertir a la Universidad en agente directo de la cooperación (para lo que se requiere entre otras cosas institucionalizar la cooperación al desarrollo dentro de los órganos de dirección de la misma) y trabajar con las distintas administraciones y actores sociales en la definición de la política pública y la promoción de la cooperación al desarrollo.

La Universidad, como agente independiente y de acreditada competencia, debe tener un papel cada vez mayor en la cooperación al desarrollo, tanto en la evaluación de los proyectos de cooperación que realizan las ONGD, como en la formulación, seguimiento, evaluación y asistencia técnica de los proyectos de cooperación directa de las administraciones públicas. Y por supuesto no debe olvidar su compromiso con la formación de profesionales (desde el grado al postgrado), la investigación teórica y aplicada, la educación, transmisión de valores y sensibilización relativos a la cooperación al desarrollo, así como con el fortalecimiento institucional de las universidades de los países en vías de desarrollo.

Estas son, en síntesis, las funciones que estamos desempeñando desde la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica y el Aula de Cooperación Internacional de la Universidad de Cantabria. Las nuevas teorías del desarrollo apuntan a que el capital humano y el capital social son las claves del progreso económico. Por tanto, si queremos que un mundo mejor sea posible, la Universidad, como incubadora de esos factores intangibles, debe incorporarse decididamente como actor directo de la política pública y de promoción de la cooperación internacional al desarrollo en nuestra región.