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Sábado, 24 de junio de 2006
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Crónica / NACIONAL
  Actualizado: 1.09 a.m.
 
 
EDICIÓN IMPRESA
 
El juez Grande-Marlaska sale del bar Faisán de Irún tras el operativo contra la red de extorsión etarra. / JUAN HERRERO-EFE
NACIONAL
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska investiga si varios políticos del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) jugaron un papel de «mediación» en el pago de importantes cantidades a la desarticulada red de extorsión de ETA que operaba en la frontera hispano-francesa.
 
María Teresa Fernández de la Vega negó ayer que el Gobierno haya llegado a algún tipo de acuerdo con ETA. La portavoz del Ejecutivo se vio obligada a despejar las dudas que el jueves generó José Luis Rodríguez Zapatero cuando eludió aclarar -como le pedía Mariano Rajoy- si contrajo compromisos con los terroristas.
«Vísteme despacio que tengo prisa». La plenaria extraordinaria de los obispos aplazó su esperada declaración sobre la unidad de España, aunque fuese de forma tibia y en el marco de la situación sociopolítica actual, para mejor ocasión, aunque no lejana en el tiempo. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, tiró de refranero para evidenciar que el análisis de la situación de España y los problemas que acucian al país, siempre desde un prisma religioso y moral, no se va a soslayar, si bien requiere su tiempo y procedimiento oportunos.
El Gobierno quiere fomentar la integración de los inmigrantes hasta convertirlos en ciudadanos con los mismos derechos y deberes que los españoles. La consecución de ese objetivo pasa, según el Ejecutivo, por potenciar la cohesión social, impulsar políticas públicas basadas en la igualdad de oportunidades y reforzar los servicios públicos para asegurar su rápida inserción en la sociedad y el mercado de trabajo.

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