MIENTRAS hacemos la digestión de lo de anoche, podemos aprovechar la resaca para poner sobre el tapete unos cuantos asuntos que no deberían pasar desapercibidos; no para el espectador que quiera mantener cierto control sobre lo que aparece en pantalla. Primer asunto: la Asociación de Telespectadores y Radioyentes denuncia que en el año pasado ha habido más de setecientas vulneraciones del Código de Autorregulación de la tele, después de que el Gobierno dijera que tales vulneraciones apenas han sido una docena. ¿Quién miente aquí? Nadie. La Asociación recoge las vulneraciones objetivas recogidas minuto a minuto en la pantalla, en todos los canales; el Gobierno se limita a las denuncias formalmente dirigidas a la Comisión únicamente sobre las programaciones de las cadenas que firmaron el Código. El problema no es de respeto a la verdad, sino de ineficiencia del instrumento, o sea del Código y su comisión anexa. Segundo asunto: el Defensor del Pueblo acaba de pronunciarse a favor de multar a los canales que vulneren el Código e introduzcan imágenes de violencia y sexo en el horario protegido. El Defensor del Pueblo sabe que nadie, hoy por hoy, contempla tales multas, pero sabe también que, sin coerción, la ley se queda en papel mojado. Clásico problema de los sistemas permisivos: sólo puede aliviarse el peso de la ley allá donde todo el mundo está dispuesto a cumplir con su deber, pero es obvio que nuestra tele se halla lejos de tan optimista paisaje; donde la gente tiende a escapar de la ley, no hay más remedio que poner cepos. Tercer asunto: la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) ha reprobado formalmente a la periodista Lidia Lozano por aquel asunto de la fantasmal resurrección de Ylenia, la hija de Albano y Romina Power. La FAPE estima que Lidia Lozano incumplió reiteradamente y a sabiendas las normas elementales de la profesión periodística, y especialmente el deber de veracidad. Este pronunciamiento de la FAPE es fruto de una queja de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Por supuesto, el dictamen carece de cualquier consecuencia concreta: como no hay ningún órgano que sancione estas cosas, Lidia Lozano no dejará de ser una famosa periodista de la pantalla.

Los demás profesionales podremos mirarla con incomodidad, pero eso no influirá en un medio, la tele, que ya hace tiempo dejó de regirse por principios de ética periodística. La inquietante moraleja de estos tres asuntos es la misma: en España carecemos de instrumentos eficaces para mantener los contenidos televisivos dentro de límites normales de decencia profesional. ¿Por qué? Quizá porque, en el fondo, a la gente le da lo mismo.