La vicepresidenta regional, Lola Gorostiaga, informó hoy de la autorización por parte del Gobierno de estos acuerdos, que suponen destinar una inversión total de más de 44 millones de euros, de los que más de 18 serán para el Hospital Tres Mares.
La CEP inicia así los trámites para licitar las obras de estos siete centros, según añadió Gorostiaga, quien, en referencia al Hospital de Campoo, dijo que este paso permitirá licitar el proyecto en julio para iniciar los trabajos "inmediatamente".
Tras informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión de ayer, en los que figuran inversiones y gastos por importe de 12,1 millones de euros, Gorostiaga explicó que las condiciones técnicas del hospital serán las mismas que se presentaron en un principio, aunque la cartera de servicios, que entregó la semana pasada a los sindicatos, "seguramente sufrirá una modificación" hasta la puesta en marcha del centro, que no precisó.
Gorostiaga recordó los trámites llevados cabo por el Ejecutivo para la construir este hospital en Campoo, como la compra de la parcela donde se ubicará a la entrada de Reinosa, y la declaración de esta actuación como Proyecto Singular de Interés Regional, que supondrá la reordenación urbanística de la zona donde se ubicará.
COLEGIO EN REINOSA
El Gobierno autorizó también otra actuación en Campoo, al aprobar el convenio con la CEP para construir y financiar un nuevo colegio público en Reinosa, que supondrá un coste de más de ocho millones de euros y cuyas obras se iniciarán este verano.
El proyecto, que ha sido presentado a la comunidad educativa e incluye dos edificios separados por una patio y un gimnasio cubierto, se ubicará junto al instituto Montesclaros, ocupará 5.000 metros cuadrados y contará con dos aulas para niños de dos años, seis de Infantil, doce de Primaria, cuatro para desdobles y espacios para enseñanzas de música, inglés e informática.
La vicepresidenta señaló que este colegio concentrará la oferta pública Infantil y Primaria de Reinosa y contribuirá a formar "un pequeño campus escolar" con el instituto de la ciudad.
El Gobierno tomó también la decisión de conceder una ayuda económica extraordinaria a las personas que sean beneficiarias, a 31 de enero de 2006, de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, que dispondrán de una cuantía de 301,55 euros, que se abonará en pago único y que no será consolidable para ejercicios futuros.
Esta ayuda irá dirigida a los 6.171 pensionistas que cumplen estos requisitos, entre los que se incluye estar empadronado en la región, y supondrá un coste para el Gobierno cántabro de 1.860.865 euros, según indicó Gorostiaga.
Además, se aprobó encomendar a Tragsega el servicio de recogida y tratamiento de cadáveres animales, por un importe de 3.750.021 euros, y se adjudicaron tres proyectos, por valor superior a los dos millones, para mejorar las carreteras Castillo-Quejo (Arnuero), Reinosa-Brañavieja y ordenar el servicio del puerto de San Vicente de la Barquera.
Se autorizó encomendar a Tragsa las instalaciones de producción de hielo y almacenamiento frigorífico del puerto de Santander y el centro de recuperación de fauna silvestre, con una inversión de más de dos millones de euros, y cuatro convenios con la Universidad de Cantabria y uno con la federación de comerciantes de Santander para un plan de modernización.
OTRAS AYUDAS
En ayudas, se concedieron 199.000 euros para mejorar Casas de Cantabria, 263.000 para fomentar el transporte de interés social, y 165.000 a la asociación de criadores de ganado vacuno de razas cárnicas.
Se aprobaron convenios con la sociedad ornitológica, con la CEOE-CEPYME, con la Fundación Laboral de la Construcción y el Instituto Geológico y Minero, así como con el Ministerio de Cultura para llevar a cabo el inventario de bienes muebles del patrimonio histórico español en posesión de instituciones eclesiásticas.
También se dio el visto bueno a un acuerdo con el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para implantar la educación preescolar en un colegio público, y la prórroga del contrato del servicio de internet para los centros educativos.
El Ejecutivo autorizó convenios con el Ministerio de Sanidad para el tratamiento farmacológico de la esclerosis, con UNICEF para actuaciones de mejora de la calidad de vida de los niños y con La Caixa.