La nueva reforma educativa recogida en la recién aprobada Ley Orgánica de Universidades (LOU) otorga plena autonomía a las facultades para contratar al profesorado y a los investigadores según una serie de premisas reguladas por el Ministerio de Educación, como la acreditación de méritos profesionales. Con este mecanismo, el Gobierno pretende combatir en último término la endogamia que se extiende en la comunidad universitaria, esto es, el clientelismo presente en los centros españoles para seleccionar a uno u otro docente a partir de criterios personales. Entre otras medidas que recoge la nueva Ley destaca la puesta en marcha de un instrumento de evaluación y control de estos procesos de selección, que, según la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, «no pretende ser un tribunal de sanción», sólo de supervisión.