Según Albalá, la "falta de trasparencia y oscurantismo político para la adjudicación de las parcelas ha sembrado de inquietud y preocupación a los empresarios", dijo, a la vez que aseguró que ésta es una más de las "muchas chapuzas y despropósitos" con los que el equipo de Gobierno y la empresa pública Suelo Industrial de Torrelavega (Sitor) han llevado a cabo el desarrollo de este suelo industrial "que sigue siendo caro, poco ambicioso y muy escaso para los intereses de Torrelavega".

Por ello, Albalá exigió hoy al equipo de Gobierno que exponga cuáles son los criterios que se establecen para dicha comercialización. "Queremos que nos respondan a preguntas tan sencillas como quién decide a quién se adjudica y en base a qué criterios", señaló.

Como prueba de este "oscurantismo", el portavoz del PP local señaló el hecho de que tanto el Consejo de Administración, que es quien debe adjudicar las parcelas, como la Comisión de Seguimiento, está formada única y exclusivamente por miembros del PSOE y el PRC, al igual que el Consejo, "por lo que las dudas sobre la trasparencia del proceso de adjudicación están más que justificadas", afirmó Albalá, quien reivindicó la presencia en estos órganos de representantes sindicales y del resto de grupos políticos.

"CIRCUITO DE CHAPUZAS"

Al margen de esta denuncia, Luis Carlos Albalá enumeró el, a su juicio, "auténtico circuito de chapuzas y despropósitos" que el equipo de Gobierno ha llevado a cabo para desarrollar este suelo industrial.

En primer lugar, recordó que el primer error se cometió al desarrollar este polígono "en una ubicación inadecuada", por constar sólo de 114.000 metros cuadrados de superficie de ocupación (la Agencia de Desarrollo Local reconoce que existen peticiones por parte de industriales que superan los 440.000 metros cuadrados), y cuyo precio final sale muy caro, precisamente por esa limitación de espacio.

En segundo lugar, para el PP otro error fue la declaración de este proyecto como de singular interés regional (PSIR). Recordó Albalá que este instrumento sólo se utiliza en proyectos supramunicipales, donde hay más de una administración implicada, como es el caso del parque empresarial Besaya, y también cuando existen imponderables urbanísticos como una recalificación muy especial del suelo.

"En este caso, no se daban ninguna de las dos justificaciones, por lo que pensamos que el equipo de Gobierno municipal recurrió a este instrumento, para no hacer frente a las expropiaciones y trasladar las mismas al tejado del Gobierno regional, en una postura cobarde", criticó.

Por otro lado, recordó Albalá la oposición en los plenos que ha mostrado siempre el PP a algunos aspectos del proceso, como la dudosa composición, antes citada, de la Comisión de Seguimiento y el Consejo, donde los mismos actores se vigilan a sí mismos "una actitud totalmente antidemocrática", dijo.

Y, finalmente, aludió a "otro despropósito muy preocupante" que haresidido en los precios de urbanización del proyecto. En este caso recordó que en primera instancia se presupuestó la urbanización en 19,5 millones de euros, más otros 7,5 millones para gastos de gestión del suelo. Más tarde, este proyecto salió a concurso público en 15 millones de euros y se adjudicó en la cifra de 8,6 millones de euros.

"Esta cantidad es menos de la mitad de lo presupuestado en el proyecto inicialmente, y la pregunta que nos hacemos los 'populares' es qué ha pasado y cuánto dinero finalmente se ha pagado por la gestión del suelo para las expropiaciones de terrenos", concluyó elportavoz local del PP.