La Fiscalía investiga irregularidades en la gestión del alcalde de Castañeda

Santiago Mantecón.
Santiago Mantecón. / DM

El portavoz socialista denunció anomalías en el contrato del agua, el banco de libros, el pabellón de Villabáñez o por pagar a un asesor jurídico sin contrato

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZCastañeda

La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Castañeda, Santiago Mantecón, por presuntas irregularidades en al menos siete expedientes o actuaciones durante su mandado. El ministerio fiscal ha citado a declarar el próximo 14 de julio al regidor popular, que lleva seis años al mando del Consistorio, a raíz de una denuncia interpuesta por el portavoz socialista del municipio, Jesús Sánchez. En concreto, ha puesto el foco en el contrato de gestión integral del agua, la falta de celebración de los plenos municipales, por los pagos periódicos por un asesoramiento jurídico de cuyo contrato no hay constancia, por poner en funcionamiento el pabellón de Villabáñez sin estar acabada la obra y pese al existir deficiencias, por el dinero del banco de libros, por el pago de una fiesta infantil en el Colegio La Haya de la que desde la dirección del centro no tienen constancia y por un expediente de realización de rellenos e instalación de una caseta de obras sin licencia.

La denuncia que investiga el ministerio público recoge los presuntos incumplimientos del contrato integral del agua que fue adjudicado por un plazo de diez años, con posibilidad de prórroga, a la empresa Oxital España. En la cláusula 27ª del pliego de condiciones administrativas se señalaba que se considera falta muy grave la cesión del contrato a terceros sin la previa autorización de la Administración Municipal, que podría derivar en la rescisión del mismo.

El edil socialista puso en conocimiento de la Fiscalía que sin que se hubiera ejecutado el 20% del importe del contrato, hubo ya una primera cesión, de la empresa adjudicataria a una de sus filiares, Oxital Aguas, con otro CIF, y ello sin que la adjudicataria solicitara autorización previa, sino que comunicó el hecho con posterioridad, es decir una vez realizada cesión. Posteriormente, además, tuvo lugar una segunda cesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento a favor de la compañía Anuarbe.

Santiago Mantecón tendrá que testificar el 14 de julio ante el ministerio público

Banco de libros

A juicio de los socialistas, una de las «irregularidades más fragantes» tiene que ver con la puesta en marcha del banco de libros. El curso pasado, el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de un plan de ayuda y reutilización de libros de texto para el Centro de Enseñanza El Haya, de cuya plan se beneficiarían los niños de Primaria. Los padres debían entregar 50 euros por alumno «en mano al alcalde, que a su vez no expidió recibo alguno por las entregas», según recoge la denuncia. Por su parte, el AMPA adquirió los libros y el centro obtuvo una subvención de la Consejería de Educación para ser destinada a banco de libros.

Al conocer que el Gobierno regional finalmente había pagado los libros, el PSOE solicitó a la Alcaldía que informase del destino de las entregas de dinero recibidas por los padres, pero la respuesta fue que en el Ayuntamiento no hay facturas emitidas ni contabilidad del banco de libros que solicita. «En resumen, el alcalde ha percibido las cantidades en metálico por la adquisición de los libros, desconociendo cuál ha sido el destino del dinero que, desde luego, no ha sido invertido en libros ni en cualquier otro material escolar. Pero tampoco ha sido devuelto a los padres que abonaron las cantidades», explica Pérez en su denuncia.

La denuncia también pone en cuestión el abono mensual de 1.270 euros desde agosto de 2016 al letrado José María Real del Campo, exsocio del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y actual senador Javier Fernández (PP). El socialista asegura que se desconoce «completamente cuál es el origen del devengo de estos honorarios, ya que no se tiene constancia de que por dicho letrado se hayan preparado informes, o realizado actuaciones profesionales que justifiquen tales pagos», ya que los informes jurídicos y la defensa ante los juzgados se lleva a cabo por otros letrados y la secretaria-interventora, respectivamente.

La Fiscalía también investiga la entrega de una factura municipal de 990 euros por la celebración de una fiesta infantil en el colegio El Haya, «cuya dirección no tiene constancia que se celebrase»; la puesta en marcha del pabellón municipal de Villabáñez sin licencia de apertura, sin estar acabadas las obras, con defectos de terminación y sin que el arquitecto municipal firmara el acta de recepción; y, por último, los continuos incumplimientos en la convocatorias de los plenos municipales, que deben celebrarse al menos una vez al trimestre y el año pasado sólo se celebraron dos.

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