El Defensor del Pueblo inicia actuaciones ante el Ayuntamiento de Miengo

Miengo

El grupo Equo denunció la «anómala situación» al no recibir la información municipal solicitada

Sara Torre
SARA TORRESantander

El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones ante el Ayuntamiento de Miengo en respuesta a la denuncia del grupo municipal Equo más independientes, que a través de su representante, Sara Gómez, denunció la «anómala situación política del Ayuntamiento» al explicar que su partido ha venido pidiendo por escrito «todo tipo de información de carácter municipal y el acalde ha optado en la gran mayoría de las veces por ni responder y mucho menos facilitar la información».

Relata Gómez que el 25 de mayo de 2015, tras las elecciones municipales, Equo consiguió dos concejales y terminar con los veinte años de mayoría absoluta del PP. «Desde entonces, dichos concejales se han encontrado con un equipo de gobierno de dos que funciona como una mayoría absoluta y además, de forma opaca, déspota y muy antigua», comenta la portavoz, convencida de que «como concejales, se tiene derecho a ver, estudiar, cotejar informes, expedientes, contratos y facturas y documentos en general relativos a la vida municipal para poder ejercer la labor de concejal».

Tras su argumentación se pregunta, teniendo en cuenta que así lo recoge la ley, «¿quién hace cumplir esa ley?».

Con esta cuestión en el aire, en agosto de 2016, Equo Miengo denunció esta «vulneración de sus derechos» al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Gobierno de España. A los cuatro meses, la respuesta da la razón a los concejales en 10 de 12 denuncias. El Consejo de Transparencia insta al Alcalde de Miengo a dar la información requerida en un plazo de entre 10 y 20 días, según el caso.

La respuesta da la razón a los concejales en 10 de 12 denuncias

Según la portavoz de EQUO, vencidos todos los plazos y vuelta a pedir la mayor parte de la información de nuevo, «estamos en las mismas, en 7 de las 10 denuncias». Por ello, el 8 de febrero se vuelve a denunciar el hecho de que no se les facilite la información requerida al Defensor del Pueblo. Éste responde que «una vez estudiada su queja, se da por admitida por considerar que reúne los requisitos establecidos en la ley reguladora del Defensor del Pueblo». Desde la institución se indica que tan pronto como sea recibida la información solicitada, «se pondrá en conocimiento con los trámites que sigan».

«Cómo es posible que, en el siglo XXI, donde se nos llena la boca hablando de leyes de transparencia, de acceso a la información, de participación; donde tenemos organismos, que cuestan un dineral, que deben velar por esto, donde hay alcaldes que juran el día de su investidura, donde hay figuras municipales intérpretes, pero no veladores de la ley, se pueda vulnerar una ley, un derecho, y no pase nada», reitera Gómez.

«Una lista cada vez más amplia de solicitudes de información no contestada se apila para ir de nuevo en forma de denuncia tanto al Consejo de Transparencia como al Defensor del Pueblo», finaliza la concejala.

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