El Gobierno ordena el sacrificio de los cerdos sin identificar que deambulan por San Felices de Buelna

Barrio de Jaín, en San Felices, de donde proceden los cerdos./
Barrio de Jaín, en San Felices, de donde proceden los cerdos.

Los animales, que ya han sido sacrificados, según fuentes municipales, procedían de una explotación del barrio de Jaín

DM .
DM .Santander

La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación ha emitido una resolución por la que ordena la incautación, sacrificio y destrucción de los ejemplares de la especie porcina localizados sin identificación, que «deambulan sin control» por el municipio de San Felices de Buelna. Según ha podido saber este periódico, tales cerdos procedían de una finca particular del barrio de Jaín, de la que se escapaban. Aunque hoy se ha publicado la resolución de la Consejería en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), al parecer esos animales ya han sido sacrificados, según fuentes del municipio.

La resolución del BOC tiene en cuenta el escrito del alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González Linares, fechado el pasado 17 de enero, en el que solicita que se adopten las medidas oportunas para la captura y retirada de los cerdos que deambulan sin control por el municipio.

El regidor efectuó esta solicitud tras haber publicado un bando para que los propietarios de los cerdos procedieran a su captura, identificación y saneamiento, y una vez transcurridos 10 días sin haber sido reclamados por persona alguna.

La orden también ha tenido en cuenta la propuesta de resolución del director general de Ganadería y Desarrollo Rural, Miguel Ángel Cuevas, fechada el 18 de enero de 2018; y la Ley de Sanidad Animal, que contempla como medida cautelar para los animales que carecen de identificación auricular y, por tanto, de trazabilidad sanitaria la «incautación y en su caso, sacrificio de aquellos animales que no cumplen con la normativa sanitaria o de identificación vigente».

Frente a dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo máximo de un mes.

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