El juez investiga a otras 14 personas por el caso de los alimentos de Camargo

El juez, que actualmente escruta el uso y destino que tuvieron los bonos sociales de diez euros con los que los vecinos más vulnerables podían adquirir en Eroski productos frescos como carne y pescado, ha repartido las comparecencias entre el 28 y el 29 de septiembre.

Así consta en un auto reciente al que ha tenido acceso este periódico, en el que el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander adopta la decisión de ampliar la lista de investigados en base a un informe de la Guardia Civil de finales de mayo, «tratándose todos ellos de personas que han consumido vales sin ser beneficiarios del sistema ni tener relación con ningún beneficiario».

Fuentes conocedoras del caso apuntan que algunos de estos nuevos involucrados, pese a no tener relación directa de parentesco con los usuarios registrados, sí podrían estar vinculados a los vecinos beneficiarios del programa siendo, por ejemplo, su pareja sentimental. Con todo, entre los aspectos más llamativos del auto de García Delgado emerge el hecho de que uno de los nuevos investigados por malversación es un sargento de la Benemérita. Desde el Instituto Armado precisan que las diligencias se han llevado a cabo desde Santander por medio de efectivos de la Policía Judicial y no desde el destacamento ubicado en Camargo.

La nueva lista de nombres inmersos en la causa ha surgido después de que Eroski ofreciera información respecto a las tarjetas de débito vinculadas al canje de los bonos sociales. Después de librar oficio a las diferentes entidades bancarias, se ha podido obtener la identidad de sus propietarios. Este 'modus operandi' entronca con la limitación de los citados tiques, que al poder ser empleados únicamente para obtener carne y pescado obligaban a que el resto de la compra, en caso de que la hubiera, se sufragase con medios propios. Las sospechas pivotan en torno a que hubo consumidores que tuvieron más bonos de los permitidos, especialmente en el reparto de septiembre de 2016.

Cabe recordar que el escándalo del programa alimentario -el Consistorio analizó las denuncias relativas a un reparto discrecional de los productos, así como la supuesta distribución no reglada de los vales- costó el cargo a Jimena González, secretaria del concejal de Servicios Sociales, Marcelo Campos, que también fue destituido de sus funciones por la alcaldesa, Esther Bolado, por pérdida de confianza a raíz de sus reacciones a la auditoría interna a la Plataforma. González además fue la impulsora del proyecto de Ganemos en Camargo y pugnó el pasado año por la Secretaría General de Podemos Cantabria, que perdió ante Julio Revuelta,

Estas salidas dejaron al equipo de gobierno PSOE-PRC en minoría en la Corporación pese a los apoyos puntuales de Izquierda unida. En 2017 la tónica habitual en las sesiones plenarias pasa por que Campos vote en contra o se abstenga.