El Ayuntamiento de Castro Urdiales se queda sin defensa en el 'caso La Loma'

Viviendas de una de las urbanizaciones de La Loma. /Abel Verano
Viviendas de una de las urbanizaciones de La Loma. / Abel Verano
Castro Urdiales

El despacho de Abogados Ontier, contratado por el anterior equipo de gobierno del PP, ha renunciado a defender al Consistorio, que deberá designar otro letrado

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

El despacho de Abogados Ontier, contratado por el anterior equipo de gobierno castreño del PP, ha renunciado a defender los intereses del Ayuntamiento de Castro Urdiales en la macrocausa de La Loma, en la que hay un total de 46 acusados (entre expolíticos, constructores y funcionarios) por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

Según avanzó este miércoles Ser Castro Urdiales, el Juzgado de Instrucción Número 2 ha enviado a la Audiencia Provincial la renuncia del despacho de Abogados Ontier y de sus letrados a la defensa del Ayuntamiento de Castro en este caso (está personado como responsable civil). En el escrito informando de su renuncia, la hasta ahora defensa del Consistorio castreño señala que «se ha producido una reiterada falta de comunicación con el Ayuntamiento que imposibilita a los letrados defender de forma correcta los intereses del Consistorio castreño». Así las cosas, la procuradora que representa al Ayuntamiento y que firma este trámite solicita, a efectos de evitar una posible indefensión, que se suspenda el curso del procedimiento, y se inste al Ayuntamiento a nombrar un nuevo letrado que le defienda, o se le designe uno de oficio.

Este periódico se puso este miércoles en contacto con el despacho de abogados Ontier, pero sus responsables no quisieron hacer declaraciones al respecto. El que sí las hizo fue el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor (CastroVerde), para asegurar que este despacho también fue contratado en su momento por el anterior equipo de gobierno del PP para defender al Ayuntamiento en el pleito con la adjudicataria del agua en Castro, Ascán, un asunto por el que el Ayuntamiento fue condenado a pagar 5,6 millones de euros.

El Consistorio castreño está personado en esta macrocausa como responsable civil

Respecto a la supuesta «falta de comunicación» alegada por Ontier, Amor señala que en la presente legislatura los letrados de este despacho no se han dirigido al Ayuntamiento. «En esta ocasión tampoco lo han hecho para decirnos que renuncian a defendernos en La Loma. Se han dirigido directamente al Juzgado de Castro».

El concejal de Urbanismo cree que el motivo de la renuncia de este despacho de abogados tiene un carácter «comercial». «Ahora tendremos que buscar un nuevo abogado especializado en Urbanismo», señaló.

Sobre la petición de la suspensión del procedimiento por parte de la procuradora del Consistorio, fuente judiciales descartaron este miércoles que la Audiencia pueda aceptar dicha solicitud. Eso sí, la Sala tendrá que dar la posibilidad al Ayuntamiento de nombrar un nuevo letrado.

46 acusados

Como ya informó hace diez días este periódico, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales ha remitido los 57.646 folios de los que consta la causa al órgano juzgador, la Audiencia Provincial para que señale la fecha del juicio de este caso en el que hay acusadas 46 personas.

La macrocausa consta de 101 tomos, 61 anexos, 40 piezas separadas de responsabilidad civil, otra de fianza de la acusación popular, otras cinco de medidas cautelares (una de ellas con tres tomos), tres piezas de situación personal, otra de intervención de comunicaciones, una de recusación, otra pieza de nulidad, así como documentación perteneciente a Proinasa que consta de cuatro carpetas, un fichero y tres cuadernos y planos.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial, que tendrá que buscar un emplazamiento extraordinario para la celebración de este macrojuicio, ya se pronunció sobre este pleito al rechazar en su momento los recursos presentados por la mayoría de los acusados en este procedimiento. Este órgano apoyó en su momento las tesis del instructor Luis Acayro Sánchez, mantuvo la práctica totalidad de las imputaciones por múltiples indicios de delito contra la administración pública.

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