Cinco causas abiertas por Acayro en Castro están a la espera de ser juzgadas

La Fiscalía solicita el derribo de 51 viviendas en la zona situada detrás del polideportivo Pachi Torre de Castro Urdiales./A. Verano
La Fiscalía solicita el derribo de 51 viviendas en la zona situada detrás del polideportivo Pachi Torre de Castro Urdiales. / A. Verano

El 'caso La Loma', el más importante de los pendientes, ya está en manos de la Audiencia, que tendrá que acordar el señalamiento

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

Tras el acuerdo alcanzado el pasado martes entre el Ministerio Fiscal y el exjefe de electricistas del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Vicente Korta, y su mujer -acusados de estafar al Consistorio 300.000 euros- por el que evitarán la entrada en la cárcel al pactar una pena de un año y nueve meses (a la espera del fallo de la Audiencia Provincial), quedan pendientes por juzgarse cinco de la veintena de causas que instruyó el magistrado Luis Acayro Sánchez durante su etapa al frente del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales.

De todas ellas, la más importante es la conocida como 'caso La Loma', un macroprocedimiento en el que están acusadas un total de 46 personas -entre políticos, constructores y funcionarios- por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

LAS CINCO CAUSAS

La Loma
Un total de 46 personas -entre políticos, constructores y funcionarios- están acusadas por presuntas irregularidades urbanísticas.
Proconor
21 personas están investigadas por la construcción de las 51 viviendas que, a juicio de la Fiscalía, deben ser demolidas por invadir equipamiento deportivo.
APD-2 de Cotolino
Están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística.
Sobresueldos
Están imputados tres exalcaldes de Castro junto a otras once personas por presuntas ilegalidades en contrataciones.
Expedáneos de Mioño y Lusa
Víctor Echevarría y Antonio Alijo están acusados de presunta estafa y apropiación indebida en el arrendamiento de terrenos mineros.

Lo último que ha trascendido sobre esta causa es que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, encargada de juzgar el caso, asegura que falta documentación dentro de las actuaciones, que constan de 57.546 folios.

El próximo juicio, que afecta a los expedáneos de Mioño y Lusa, se celebrará los días 13, 20 y 27 de abril

La respuesta del Juzgado castreño no fue otra que allí no había rastro de dichos documentos. Y, según explicaron a este periódico fuentes del caso, ante esta situación lo que procede es llevar a cabo una reconstrucción de los autos, para lo que se requiere a la Fiscalía y a todas las partes, para, entre todos, recopilar los documentos que no tiene en sus manos la Audiencia.

Otra de las causas pendientes y la próxima en juzgarse es la que afecta a los expedáneos de Mioño y Lusa, Víctor Echevarría y Antonio Alijo, respectivamente, por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en el arrendamiento de unos terrenos mineros. Hay que recordar que la Audiencia Provincial suspendió la vista tras anular el auto de apertura de juicio oral por no figurar ambas juntas vecinales en el proceso cuando la acusación les pide responsabilidad civil, por lo que el Juzgado de Instrucción les pidió que designaran abogado y procurador y presentaran escritos de defensa.

El juicio sobre este caso se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial los días 13, 20 y 27 de abril.

La tercera causa pendiente de juicio es el 'caso Proconor'. En septiembre de 2016, la Audiencia Provincial absolvió a dos de los 23 investigados por la construcción de las 51 viviendas, que, a juicio de la Fiscalía, deberían ser demolidas por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo.

Esta causa está en manos del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, «aunque aún no tiene fecha porque se están resolviendo varias cuestiones procesales», según informaron desde el TSJC. El 'caso Procnor' es una pieza separada de la investigación que inició el magistrado Luis Acayro Sánchez en el año 2008 y que afecta a la denominada unidad de ejecución 1.26, donde se ubica el polideportivo municipal Pachi Torre.

Dos casos en apelación

Los otros dos casos pendientes de juicio están ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá resolver los recursos de apelación presentados por algunos de los acusados, después de que el Juzgado de Castro recharaza los recursos de reforma. Se trata del 'caso APD-2 de Cotolino' en el que están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística.

En la misma situación que el 'caso APD-2 de Cotolino' se encuentra el conocido como 'caso sobresueldos', en el que están imputados tres exalcaldes castreños (Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González, junto a otras once personas entre expolíticos y funcionarios, por «graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública».

Por otro lado, está pendiente la sentencia del 'caso Santa Catalina' en el que se investiga la presunta pérdida de 417 metros cuadrados de equipamiento público.

Seis casos con condena y otro más a la espera de ella

A la espera de que la Sección Tercera de la Audiencia emita la setencia condenatoria de conformidad contra Korta y su mujer, seis causas de la veintena larga que ha instruido el juez Acayro en Castro -que archivó otros 11 procedimientos- ya han sido resueltas con condenas en todos las casos (algunas aún no son firmes).

Dos de ellos afectan a la exedil de Sanidad de Castro, Elisa Dopico, que fue condenada a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal Número 1, y a otros dos años más por el Penal Número 3, por amenazar por teléfono a una funcionaria citada como testigo en el juicio del 'caso Trapur', en el que fue condenada a otros seis meses de cárcel. El exedil de Hacienda, José Miguel Rodríguez López 'KyK', fue penado en esta causa a cinco años de inhabilitación.

El 'caso Mioño' es otro de los ya juzgados y en él fueron condenados el exalcalde de Castro Fernando Muguruza y los exediles de Obras e Industria, Salvador Hierro y Jaime Díez Muro. En diciembre del pasado año, la Audiencia estimó en parte los recursos del exalcalde de Castro y Díez Muro, condenados a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, y el segundo, a cuatro años y nueve meses. La pena se redujo para ambos a tres años y seis meses. Muguruza también fue penado a dos años y medio de inhabilitación por alquilar unas naves destinadas al servicio de bomberos. Por su parte, el expedáneo de Sámano, Javier Eguren, fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que su homólogo en Otañes, Francisco González, y cuatro vocales de la Junta Vecinal de la legislatura 2007-2011 fueron inhabilitados.

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