Condenan al promotor del concierto de Bosé en Castro a devolver 105.177 euros

Miguel Bosé, durante su actuación en Castro en el año 2012. :
Miguel Bosé, durante su actuación en Castro en el año 2012. :

Vicente Producciones tendrá que reintegrar esa cantidad al empresario y patrocinador del evento, Jon Loroño, en concepto de venta de entradas

ABEL VERANO CASTRO URDIALES.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 8 de Santander ha condenado a Vicente Producciones Artísticas S.L., promotor del concierto que Miguel Bosé ofreció en Castro en 2012, a devolver 105.177 euros más los intereses generados desde hace cinco años, al empresario y patrocinador del evento, Jon Loroño (Inmobiliaria Izarra), en concepto de venta de entradas.

De esta forma, el Juzgado estima la demanda interpuesta por el constructor castreño el pasado 23 de octubre de 2012, que fue admitida a trámite el 20 de diciembre de ese año. En febrero de 2013, Vicente Producciones presentó escrito en el juzgado oponiéndose a la demanda.

Así, la audiencia previa se celebró el 22 de abril de 2013, acordándose la suspensión por abrirse una investigación por la vía penal por supuesta falsedad. Tras haberse resuelto este segundo pleito, el 16 de marzo de este año se retomó la demanda inicial, cuyo juicio se celebró el pasado 6 de junio.

En su demanda, Loroño puso de manifiesto que firmó un contrato con el promotor el 15 de junio de 2012, mediante el cuál, se comprometía a abonar a Vicente Producciones 112.000 euros para la gestión publicitaria del evento, concierto de Miguel Bosé, comprometiéndose este último a la devolución íntegra de la recaudación por la venta de entradas.

Por su parte, el promotor, en su contestación a la demanda, alegó que todo lo manifestado por Loroño era cierto, pero que se firmó, posteriormente, otro documento con fecha 19 de julio de 2012, por el que el patrocinador «cedía la recaudación íntegra del concierto a Vicente Producciones como pago de los gastos de producción y trabajo de la campaña de promoción del citado evento. Asumiendo todos los impuestos y gastos que derivaran del concierto».

Durante el juicio, declaró, en calidad de testigo, el por entonces alcalde de Castro Urdiales, Iván González, quien manifestó que el Ayuntamiento no organizó el concierto y que si figuraba así en el cartel «es porque únicamente tenían que llevar a cabo el plan de emergencias y que solo gestionó el uso de la plaza de toros donde se llevó a cabo el concierto». Asimismo, González manifestó que el promotor no tenía ninguna obligación de comunicar al Consistorio el total recaudado en el concierto, mediante declaración jurada, «si bien, a la vista del documento contenido en la página 159 de las actuaciones, Decreto de Ayuntamiento firmado por él mismo, reconoce que sí tenía que hacerlo y no lo hizo, que debía hacerlo con la finalidad de llevar a cabo la liquidación y cobrar el impuesto».

En todo caso y en relación a la oposición esgrimida por el demandado, el Juzgado de Instrucción Número 8 de Santander señala que ha quedado debidamente acreditado que tanto la firma de Jon Loroño como el sello de su empresa, Inmobiliaria Izarra, «son falsos», como así consta en el informe pericial de la Guardia Civil realizado en las diligencias penales instruidas como consecuencia precisamente de la investigación de la falsedad de dicho documento.

Los 105.177 euros que deberá abonar Vicente Producciones a Loroño proceden de la prueba documental aportada tras haberse contestado a los distintos oficios librados a las entidades que procedieron a la venta de entradas, «información que se ha negado a facilitar la promotora». En concreto, son 4.645 euros de Fisherman's Tavern, 29.240 euros de Arson Electrónica, 7.185 euros de El Corte Inglés, y 64.107 euros de Caja Cantabria.

La firma de Loroño y el sello de su empresa fueron falsificados

En marzo de 2016, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander absolvió a Vicente de la Fuente de la acusación de estafa y falsedad documental de la fue acusado tanto por Jon Loroño como por la Fiscalía, concluyendo que tanto la firma como el sello de la inmobiliaria fue alterado, pero que a lo largo de la «dilatada instrucción» no se ha practicado prueba alguna para determinar la autoría de la falsificación. Este fue el segundo pleito abierto en torno a la polémica suscitada por la celebración de este concierto. El fiscal pedía para el dueño de la promotora una pena de un año de prisión por un delito de falsedad en documento privado, mientras que la acusación pedía dos años y medio. Pero este asunto quedó cerrado definitivamente cuando la Audiencia rechazó el recurso presentado por Loroño.

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