El 'caso Proconor', próximo pleito de Castro que pasará por los juzgados

El 'caso Proconor' afecta al desarrollo de la unidad de ejecución 1.26, junto al polideportivo Pachi Torre de Castro. :/Abel Verano
El 'caso Proconor' afecta al desarrollo de la unidad de ejecución 1.26, junto al polideportivo Pachi Torre de Castro. : / Abel Verano

El Juzgado de lo Penal Número 3 aún no tiene fecha para el juicio por la construcción de un edificio junto al pabellón Pachi Torre

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

Diez años después de que el juez Luis Acayro Sánchez impulsara una investigación en el Ayuntamiento de Castro Urdiales y alguna junta vecinal durante su estancia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de dicha localidad, apenas quedan pendientes por juzgarse cuatro de la veintena de causas que instruyó.

Tras la finalización el pasado viernes del juicio del 'caso UTE Dícido', en el que están acusados los expedáneos de Mioño y Lusa, Víctor Echevarría y Antonio Alijo, respectivamente, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida prevaricación y coacciones en relación con el arrendamiento de unos terrenos mineros a la UTE Dícido, todo parece indicar que la siguiente causa en juzgarse será el denominado 'caso Proconor', que afecta el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre, donde se construyó un edificio de 51 viviendas que se paralizó en 2010.

En el auto de procedimiento abreviado, el juez Acayro cifró en 403.147 euros el perjuicio ocasionado al patrimonio municipal por el desarrollo urbanístico de esa zona, ya que no debía haberse fraccionado la parcela destinada a equipamiento de cesión obligada ni se debía haber autorizado la apertura de viales sobre la misma. «Se ha reducido el equipamiento público en cerca de 600 metros cuadrados y con ello la continuidad espacial y funcional del conjunto de la superficie prevista en el PGOU». El instructor señaló que este desarrollo urbanístico siguió su tramitación a pesar de que había cinco informes negativos y vinculantes de la Crotu y ocho más de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. La Fiscalía solicitó en su escrito de acusación, fechado en 2012, un año de cárcel y diecisiete de inhabilitación para el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, y para la ingeniero municipal, Mari Carmen Villanueva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. Esta causa está en manos del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, «aunque aún no tiene fecha porque se están resolviendo varias cuestiones procesales», según informaron desde el TSJC.

'Caso La Loma'

Junto a este procedimiento hay otro también pendiente, que es la más importante de los instruidos por el juez Acayro y que se conoce como 'caso La Loma', un macroprocedimiento en el que están acusados un total de 46 personas -entre políticos, constructores y funcionarios- por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

El Juzgado de Castro ha resuelto ya el problema de falta de documentación del 'caso La Loma'

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, encargada de juzgar el caso, reclamó el pasado 10 de abril al Juzgado de Castro que reconstruyera los autos que faltaban en la causa, y éste ha contestado esta semana asegurando que «ha habido unos errores materiales», que ya ha subsanado, con lo que sólo falta esperar que la Sala fije la fecha del juicio y el lugar de celebración debido al gran número de acusados.

Los otros dos casos pendientes de juicio están ahora en manos de la Audiencia, que deberá resolver los recursos de apelación presentados por algunos de los acusados, después de que el Juzgado de Castro recharaza los recursos de reforma. Se trata del 'caso APD-2 de Cotolino,' en el que están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, y 'caso sobresueldos', en el que están imputados tres exalcaldes de Castro (Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González), junto a otras once personas entre expolíticos y funcionarios, por «graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública».

Siete causas ya han quedado resueltas con condenas

A la espera de que se conozcan las sentencias del 'caso UTE Dícido' y la del 'caso Santa Catalina', que se juzgó hace seis meses, siete causas de la veintena larga que ha instruido el juez Acayro en Castro -que archivó otros 11 procedimientos- ya han sido resueltas con condenas en todos las casos (algunas aún no son firmes).

Dos de esos casos afectan a la exedil de Sanidad de Castro, Elisa Dopico, que fue condenada a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal Número 1, y a otros dos años más por el Penal Número 3, por amenazar por teléfono a una funcionaria citada como testigo en el juicio del 'caso Trapur', en el que fue condenada a otros seis meses de cárcel. El exedil de Hacienda, José Miguel Rodríguez López 'KyK', fue penado en esta causa a cinco años de inhabilitación.

El 'caso Mioño' es otro de los ya juzgados y en el que fueron condenados al exalcalde de Castro, Fernando Muguruza y los exediles de Obras e Industria Salvador Hierro y Jaime Díez Muro. En diciembre del pasado año, la Audiencia estimó en parte los recursos del exalcalde de Castro y Díez Muro, condenados a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, y el segundo, a cuatro años y nueve meses. La pena se redujo para ambos a tres años y seis meses. Muguruza también fue penado a dos años y medio de inhabilitación por alquilar unas naves destinadas al servicio de bomberos. Por su parte, el expedáneo de Sámano, Javier Eguren, fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que su homólogo en Otañes, Francisco González, y cuatro vocales de la Junta Vecinal de la legislatura 2007-2011 fueron inhabilitados.

El último procedimiento que se ha cerrado con condena ha sido el 'caso Korta'.

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