Uno de los propietarios del Miramar recurre al TS el acuerdo del Consejo de Ministros para su demolición

Imagen del hotel Miramar./DM
Imagen del hotel Miramar. / DM

El recurso ha sido admitido a trámite el 13 de noviembre, y se hace público hoy en el Boletín Oficial del Estado para que los interesados puedan personarse como demandados

E. P.

Uno de los propietarios del hotel Miramar, Ignacio Alonso Merino, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros de demoler el establecimiento hotelero situado en la playa de Brazomar, Castro Urdiales.

Alonso Merino, de la familia propietaria del Miramar, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo que declaró la utilidad pública, a los efectos de su expropiación, y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de demolición del hotel.

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El recurso ha sido admitido a trámite el 13 de noviembre, y se hace público hoy en el Boletín Oficial del Estado para que los interesados puedan personarse como demandados.

Antecedentes

El 9 de octubre, la Demarcación de Costas en Cantabria publicaba el levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación y los interesados debían comparecer en el Ayuntamiento de Castro Urdiales el 13 de noviembre a las 13.00 horas, para proceder al mismo.

En septiembre de 2013, la Audiencia Nacional declaró «conforme a derecho» la resolución de octubre de 2010 por la que se aprobó el proyecto de demolición del Hotel Miramar y desestimó el recurso presentado por la empresa que gestiona la hostelería del establecimiento, cuyo capital social está suscrito por propietarios de dicho inmueble.

En el año 1955 se autorizó al Ayuntamiento de Castro el establecimiento y explotación de un edificio balneario y otros servicios en la playa de Brazomar, a través de una resolución que fue ratificada en 1963. En el año 2008, el Ministerio de Medio Ambiente declaró la caducidad de la concesión porque las instalaciones no se estaban usando como balneario, sino como hotel.

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El proyecto contempla la demolición del edificio y la ejecución de obras para dar continuidad al paseo marítimo existente en las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente. El hotel ocupa una superficie de 857 metros cuadrados, de los que 542 están en dominio público marítimo-terrestre y los 315 restantes en servidumbre de protección y tránsito -sobre el paseo marítimo que discurre a lo largo de toda la playa de Brazomar-, de tal forma que una parte del paseo son los soportales del edificio.

La mercantil Miramar de Castro Urdiales S.L., recurrió ante la Audiencia Nacional la aprobación del proyecto de demolición alegando, entre otras cuestiones, que no se había sometido a información pública ni a evaluación de impacto ambiental, y que carece del preceptivo estudio geotécnico.

En 2013, la Audiencia desestimó todos y cada uno de los motivos de impugnación, al considerar que se trata de un proyecto «de escasa entidad», y como tal, queda excluido de la información pública y de la evaluación de impacto ambiental, y que tampoco es necesario un estudio geotécnico.

La sentencia señaló que la parte actora no ha conseguido «desvirtuar» las justificaciones que en ese sentido recoge el proyecto, que señala que la ejecución de las obras se planteará «sin intervenir en ningún caso en la playa, manteniendo en todo momento la rasante de la arena», y que «no va a generar en ningún momento impactos adversos negativos».

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