Siete décadas mirando al Cantábrico

Siete décadas mirando al Cantábrico
JUAN FRANCISCO URETA

El hotel Miramar será derribado a pesar de la batalla judicial emprendida por sus propietarios, las movilizaciones vecinales y los intentos del Ayuntamiento y otro colectivos por protegerlo

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

La historia del hotel Miramar de Castro Urdiales, enclavado en la playa Brazomar, está a punto de llegar a su fin. Ni la batalla judicial y administrativa emprendida por sus propietarios -la familia Alonso-, ni las movilizaciones vecinales, ni los intentos del Ayuntamiento de Castro y otros colectivos, como el Colegio de Arquitectos de Cantabria, para proteger el edificio han podido impedir que este inmueble, construido en el año 1941, sucumba al derribo.

Mañana, a las 13.00 horas en el Ayuntamiento de Castro, está prevista la firma -por parte de los propietarios- del levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de la demolición, que tendrá un coste aproximado de 200.000 euros, a los que hay que sumar otros 500.000 de la indemnización a los dueños. Será uno de los trámites previos (después hay que licitar el derribo) a la entrada de las palas excavadoras al arenal castreño, en el que está enclavado un edificio muy deteriorado desde que cerró sus puertas al público en 2013, como consecuencia de su falta de mantenimiento y de los temporales que suelen azotarlo.

Para referirse a los orígenes del hotel Miramar hay que remontarse a la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando el Ayuntamiento de Castro Urdiales construye este edificio aprovechando como obreros a los presos políticos y sin las autorizaciones correspondientes. Se trataba entonces de un balneario con vestuarios, baños de algas y un bar-restaurante que pretendía ser un lugar de descanso para los enfermos, con el estilo de arquitectura racionalista que había imperado a lo largo de las décadas de los 20 y los 30.

En 1942, la familia Alonso arrienda la instalación y en 1945 el balneario se transforma en hotel, alquilándolo un madrileño. Diez años después, el Ayuntamiento de Castro logra la concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre, que concede el Gobierno de España para un edificio balneario que diera servicios a la playa de Brazomar, a través de una resolución que fue ratificada en 1963 por la Orden Ministerial de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. El edificio se saca en 1956 a subasta y es adquirido por 310.000 pesetas por el castreño Ramón Peña Aznar, quien realizó obras de ampliación. Cuatro años después lo compró la familia Alonso.

Tras varias reformas, el hotel llega a ocupar 857 metros cuadrados, de los cuales 542 están en dominio público marítimo-terrestre y los 315 restantes en servidumbre de protección y tránsito. Dentro había 34 habitaciones y un comedor para 180 personas.

Ya en el año 1988 se aprueba la Ley de Costas, cuyo artículo 25 establece las prohibiciones para la zona de servidumbre y dominio marítimo-terrestre (y que fue actualizada en 2013 manteniendo esas restricciones, aunque la línea de servidumbre se redujo de 100 a 20 metros), como las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

En vista de la delicada situación en la que se encontraba el hotel, en el año 2007, el Consistorio castreño solicita a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria la declaración del inmueble como Bien de Interés Local, buscando una figura de protección para el edificio. Pero el intento no fructifica.

Caducidad de la concesión

Un año después, el Gobierno declara la caducidad de la concesión al estarse utilizando el edificio como hotel y no como balneario. Es en ese momento cuando comienza la batalla de la familia Alonso por continuar con su negocio, para lo cual recurren la orden ministerial que aprobaba el deslinde marítimo-terrestre de Castro Urdiales. Argumentan que el Ayuntamiento obtuvo en 1917 a concesión los terrenos resultantes de desecar la marisma existente en la zona, incluyendo el espacio que ocupa el Miramar. Mientras tanto, el Consejo de Gobierno cántabro inadmite la pretensión del Ayuntamiento de abrir expediente para declarar al Miramar Bien de Interés Local, y se recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En 2009, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente deniega la suspensión de esa orden, decisión que posteriormente ratifica la Audiencia Nacional, y, al año siguiente, el Tribunal Supremo confirma el deslinde marítimo-terrestre que sitúa al hotel dentro del dominio público, al asentarse en la misma playa (los límites de la concesión de 1917 se situaron al otro lado de la carretera), y se aprueba el proyecto de demolición.

En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falla contra los intentos de incoación de expediente para declarar al Miramar Bien de Interés Local. La decisión ya no se podía recurrir. Y, un año después, la Audiencia Nacional ratifica el proyecto de demolición del Miramar, desestimando el recurso presentado por los propietarios del hotel.

Este mismo año, el Senado aprueba la modificación de la Ley de Costas que se esperaba que salvara el edificio, pero finalmente no incluyó la situación del hotel Miramar como legalizable, condenándolo al derribo. Desde el año 2014, los dos últimos equipos de gobierno, el de la pasada legislatura (PP-PRC-Anexión a Vizcaya) y, sobre todo, el actual de CastroVerde (durante dos años de la mano del PSOE), han realizado varias gestiones para evitar que el edificio acabe derribado. «Conservar el edificio pasa por encontrar un uso que sea autorizado por Costas, que hasta ahora sólo habría dado el visto bueno de balneario y no educativo, ni asistencial, ni hotelero, siendo necesaria una fuerte inversión para cualquiera de los usos que el Ayuntamiento no puede asumir y el resto de administraciones (regional y estatal), por silencio, parece que no financiarán», concluye CastroVerde.

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