La Audiencia Nacional empuja a Santal a dejar parte de su complejo en El Astillero

La Audiencia Nacional obliga a Santal a pagar la retirada de parte de sus instalaciones.
La Audiencia Nacional obliga a Santal a pagar la retirada de parte de sus instalaciones. / ROBERTO RUIZ
El Astillero

El Alto Tribunal rechaza el recurso de la empresa para renovar la concesión y la conmina a pagar 437.455 euros, aunque la compañía recurrirá al entender que es un error

JESÚS LASTRAEl Astillero

La Audiencia Nacional acaba de rechazar el recurso interpuesto por la empresa Santal contra la decisión de la Demarcación de Costas de Cantabria de dar por extinguida la concesión que la compañía tenía desde 1981 para ocupar 6.580 metros cuadrados de terrenos de dominio público junto a la ría de Solía (El Astillero) y, lo más importante, la obligación de depositar una fianza por 437.455,84 euros para «responder a los gastos de levantamiento de las obras e instalaciones existentes en el ámbito de la concesión» -que actualmente se empleaba como parking para los trabajadores, así como para una oficina, es decir, de forma auxiliar al complejo principal-, además de aportar «un proyecto de demolición y retirada de las mismas fuera del dominio público y la servidumbre de protección, para lo cual se le concede un plazo de tres meses».

Desde la planta avanzan su intención de recurrir el fallo de la Sala de lo Contencioso. No solo por perder la aquiescencia de Costas y verse forzados a dejar ese terreno, en el que quieren seguir «a un precio justo», sino por la imposición de tener que abonar los citados 437.455 euros. «Pedimos renovar la concesión y nos lo denegaron. Así es como el Gobierno ayuda a las empresas. Con el dinero que nos exigen compramos una nave en cualquier otro sitio. Es desorbitado», lamentan desde la compañía.

El pronunciamiento de la Audiencia no es sino el último capítulo de un largo litigio que arrancó en septiembre de 2011, semanas antes de que caducara la concesión autorizada en 1981. Santal cursó una solicitud para lograr una nueva licencia, «justificando la necesidad de los terrenos para el desarrollo y mantenimiento de la actividad que se viene ejerciendo». Sin embargo, en octubre la Administración requirió un estudio de viabilidad del negocio de la factoría, así como la citada caución para responder a los gastos de levantamiento. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, dichos requerimientos no fueron subsanados, por lo que el permiso de ocupación quedó extinguido en noviembre.

«Es absurdo»

Como recuerdan desde Santal, en julio de 2013 se presentó una nueva petición de prórroga invocando a la nueva Ley de Costas que permitió salvar, por ejemplo, a las empresas enclavadas en el Polígono de Raos (Camargo), pero la Demarcación replicó que ese escenario solo era aplicable a autorizaciones que se encontraran vigentes, y no caducadas, como era el caso. En junio de 2015 fue confirmada la resolución que daba por extinto el permiso y se abundaba en la obligación de depositar los citados 437.455 euros para regenerar la superficie utilizada por la fábrica. «Es absurdo. No tiene ni pies ni cabeza. Ya se depositó aval cuando se obtuvo la concesión en 1981. Además, en la misma constaba que las instalaciones existentes tenían que quedar conservadas», reprochan.

Santal reabrió su complejo en El Astillero en julio de 2010 después de ser adquirida por el Grupo Marino Berrio en 2008, cuando se encontraba en proceso de liquidación. Los nuevos propietarios decidieron mantener el nombre con el que la compañía se estrenó en la década de los 50, aunque han reorientado su actividad hacia la chatarra. Actualmente tiene 50 trabajadores.

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