Cortina dice que la petición de la Fiscalía «no tiene valor jurídico» y sus rivales le reclaman que dimita

El exalcalde de El Astillero, Carlos Cortina, a la entrada de los tribunales en una de sus citaciones./Celedonio
El exalcalde de El Astillero, Carlos Cortina, a la entrada de los tribunales en una de sus citaciones. / Celedonio
El Astillero

El exalcalde de El Astillero aseguró ayer que será el juez el que decidirá sobre un procedimiento que, por otro lado, se inició por una «venganza»

Sheila Izquierdo
SHEILA IZQUIERDOEl Astillero

«Voy a seguir defendiéndome en los tribunales» y «representando a los vecinos que han depositado su confianza en mí». El tono de voz del exalcalde de El Astillero, Carlos Cortina, denotaba ayer tranquilidad y confianza, horas después de que se conociera que la Fiscalía de Cantabria había solicitado diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para él por las supuestas contrataciones irregulares y pagos a una hermana de la funcionaria que se encargaba del área municipal de Personal. Y con esas palabras definía cuál va a ser su postura ahora y en adelante, pese a que haya quienes ya le quieran ver lejos de la política.

Aunque respecto a la petición de la Fiscalía dijo tener «poco que apostillar», Cortina aprovechó la ocasión para poner algún punto sobre las íes que de un tiempo a esta parte no han dejado de copar titulares. Cortina sabe que el procedimiento sigue en manos de los tribunales, que hay varios recursos presentados y que, de momento, la intención de la Fiscalía «no tiene ningún valor jurídico». Por eso, el exalcalde del PP se escudó en que «no es el momento para hacer valoraciones» y lamentó que se haya filtrado una petición que todavía tiene que prosperar en los tribunales. «Es una pena que se esté jugando así», dijo, respecto a lo que considera es una falta de legitimación en estos momentos, cuando el juez todavía está valorando, los recursos presentados. Para Cortina, el procedimiento que investiga las contrataciones irregulares se apoya en «verdades a medias», en «falsedades», porque el origen de esta denuncia, recalcó como ya ha hecho en otras ocasiones, está en «una venganza», la del secretario municipal.

Cronología

2007
La trabajadora empieza a presentar las facturas (un total de 38 hasta 2010) por valor de más de 98.000 euros.
2010
El interventor municipal detecta que el procedimiento de contratación tendría que haber sido de libre concurrencia.
2015
El juzgado de instrucción número 3 continúa con las diligencias contra Cortina y la hermana de la funcionaria.
2017
La Audiencia Provincial de Cantabria ratifica la imputación de Carlos Cortina por presunto delito de prevaricación.

En todo caso, la Fiscalía de Cantabria sigue adelante y solicita para él la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años y para la trabajadora, un año de prisión y una multa de 160.000 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil establece que ambos deberán, de forma conjunta y solidaria, indemnizar al Ayuntamiento de El Astillero con 98.749,96 euros. Está por ver ahora qué decisión adopta el juez que instruye la causa y si estima o no la petición de la Fiscalía. También el magistrado tiene pendiente la resolución de los recursos que ha presentado Carlos Cortina.

Las reacciones

La noticia ha generado un aluvión de reacciones entre los grupos políticos del Ayuntamiento astillerense, que no han dejado pasar la oportunidad para valorar un caso que lleva años en los tribunales. La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Astillero, Leticia Martínez, reclamó de nuevo la dimisión del portavoz del Partido Popular, Carlos Cortina, ya que, para ella, su cese como concejal de la corporación astillerense «no puede atrasarse ni un minuto más». Por eso, instó al propio Cortina y a su partido político a que tomen las medidas oportunas «para que el nombre de El Astillero no se vea manchado por estas acusaciones».

«Desde Izquierda Unida creímos necesario sumarnos como acusación para que se aclarase todo este asunto que parece que pinta muy mal para Cortina», apuntó la portavoz de IU, quien confió en una nota de prensa en que la normalidad democrática «sea restablecida» cuanto antes, «al poder ser, con la dimisión de Cortina y sin tener que esperar a la sentencia del juez».

Según Martínez, desde su grupo «estamos contentos con la solicitud de la Fiscalía», dijo, pero «no entendemos por qué se le pide un año de prisión a la trabajadora y no al exalcalde de El Astillero».

También por parte del PRC, el alcalde de El Astillero, Francisco Ortiz, quiso ayer valorar la decisión de la Fiscalía y lo hizo de una manera tajante: «Eliminar las prácticas corruptas del PP en El Astillero ha sido mi principal motivación para entrar en política municipal. Apartar de las instituciones públicas a los corruptos es una tarea urgente e indispensable». Según el líder del partido regionalista, «el señor Cortina está amortizado políticamente hablando, no tiene ningún apoyo en su propio partido y solamente le retiene su propio ego e interés personal». En este sentido, el alcalde de El Astillero aseguró que «por el bien del interés público y por higiene democrática necesitamos que los tribunales de justicia resuelvan con prontitud e independencia».

El PSOE, sin embargo, no quiso adelantarse a los acontecimientos y su líder municipal, Salomón Martín, aseguró ayer que su grupo esperará a qué decisión adopta el juez (si acepta o no la petición de la Fiscalía) para valorar un asunto tan delicado, pero al que se sumaron desde su partido. «Nos ha sorprendido la solicitud de la Fiscalía en cuanto a que el juez instructor no ha terminado de determinar los recursos que tiene sobre la mesa», concluyó.

Una investigación que lleva tres años en los tribunales

El procedimiento que investiga las supuestas contrataciones irregulares y pagos a la trabajadora municipal se originó por una denuncia presentada por el secretario del Consistorio contra Carlos Cortina, entonces alcalde de El Astillero, a la que luego se unieron los grupos IU y PSOE. Fue en mayo de 2015, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander acordó continuar las diligencias abiertas contra Cortina y la hermana de la funcionaria, pero sobreseyó la causa respecto de la trabajadora municipal. Meses después, este mismo juzgado, además, determinó que los hechos imputados a ambos podían constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y apropiación indebida, por lo que pedía al Ministerio Fiscal y a las acusaciones que formularan escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.

Ahora, la Fiscalía de Cantabria en su escrito de calificación, considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito continuado de prevaricación, que achaca a Carlos Cortina, y de un delito de tráfico de influencias, del que sería autora la hermana de la empleada municipal. El Ministerio Fiscal señala que la mujer aprovechó esa relación con la finalidad de procurarse una ocupación laboral que le reportara beneficios económicos «estables y seguros» durante varios años, de 98.749 euros.

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