El juez suma apropiación indebida a la causa abierta contra Carlos Cortina

El exedil de El Astillero, Carlos Cortina./Se quintana
El exedil de El Astillero, Carlos Cortina. / Se quintana

El exedil de El Astillero estaba ya investigado por presunto delito de prevaricación administrativa y otro de tráfico de influencias

DM .
DM .Santander

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha dictado un auto en el que suma un presunto delito de apropiación indebida a las diligencias abiertas contra el ex alcalde de Astillero, Carlos Cortina, que ya incluían un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de tráfico de influencias.

Estos hechos tienen su origen en una denuncia presentada por el secretario del Consistorio contra Cortina, entonces alcalde de El Astillero, a la que luego se unieron IU y PSOE, por las presuntas irregularidades en la contratación y pagos a una hermana de la funcionara que se encargaba del área municipal de Personal.

En un auto de mayo de 2015, el juzgado acordaba continuar las diligencias abiertas contra Cortina y la hermana de la funcionaria, pero determinó el sobreseimiento de la causa respecto de la trabajadora municipal.

Tras resolverse varios recursos, interpuestos por el ex primer edil y por la hermana de la trabajadora municipal, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha continuado con las diligencias previas para esclarecer los hechos y que ahora recoge en un auto, con fecha 13 de septiembre.

Prevaricación administrativa

El juez entiende que los hechos imputados a Carlos Cortina y a la hermana de la trabajadora municipal pueden constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y apropiación indebida, por lo que pide al Ministerio Fiscal y a las acusaciones que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.

En concreto, el auto señala que el exalcalde de Astillero era conocedor de la falta de cobertura legal para que la hermana de la responsable municipal de Personal continuara prestando servicios al Consistorio, dado que excedía del periodo de tiempo inicial del contrato y las prestaciones objeto del mismo «realmente eran inexistentes».

Pese a lo cual, continúa el juez, Cortina, «a sabiendas de la inexistencia de causa que lo justificara», continuó dando órdenes de pago de las facturas que emitía esta persona, por un importe total de 98.749,96 euros y en distintos periodos comprendidos entre los años 2007 y 2010.

Además, apunta que el ex alcalde, mediante decreto de Alcaldía de 26 de agosto de 2014, declaró caducado el expediente de elaboración de la estructura orgánica y relación de puestos de trabajo (tareas que se habrían encargado a esta persona) y las encomendó a un funcionario municipal sin coste alguno para las arcas municipales.

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