López Visitación dice que en el 'caso Tenis' ha hecho «lo que ningún otro alcalde hizo desde 1999»

La sentencia judicial obliga al derribo de algunas partes del Edificio Tenis./
La sentencia judicial obliga al derribo de algunas partes del Edificio Tenis.

El regidor de Laredo asegura que la ejecución de la sentencia de derribo parcial de este edificio ha sido una prioridad «desde el principio de la legislatura»

Francisco Fernández-Cueto
FRANCISCO FERNÁNDEZ-CUETOSantander

«Desde que tomé posesión supe que la ejecución de la sentencia de derribo de los balconcillos ilegales y de los excesos bajo cubierta del Edificio Tenis era un asunto a resolver en esta legislatura». Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, respecto a una de las cuestiones que ha centrado la vida política del municipio durante las últimas semanas, después de que el juez impusiera una multa a todos los ediles del equipo de gobierno por no ejecutar la sentencia de demolición de parte de este inmueble, primero, y tras enviar un nuevo aviso, posteriormente, para insistir en que el derribo de las zonas ilegales del edificio se debería iniciar antes de dos meses o se impondría una nueva sanción.

«Hice lo que ningún otro alcalde hizo desde 1999 y con un objetivo claro: salvaguardar los intereses de los vecinos y los intereses y el patrimonio del Ayuntamiento», aseguró el alcalde, que detalló que el proceso lo ha hecho «con diligencia, ajustándome a los procedimientos y a la legalidad y abriendo toda la información de este expediente a los miembros de la Corporación. Mi compromiso es claro».

López Visitación señaló que en el inicio de su mandato, tras estudiar con los técnicos el expediente, puso en marcha varias actuaciones encaminadas a cumplir la sentencia de derribo parcial. «La más importante de todas fue el acuerdo que tomé en el verano de 2017 de embargar los 31 locales comerciales que posee la empresa Edibilsa en el Tenis. Con esta medida aseguré que los 3.331.917 euros que el Ayuntamiento de Laredo está obligado a exponer para realizar las obras de derribo por no hacerlo la empresa condenada a ello, no correrán ningún riesgo de perderse», desveló el regidor.

Desvela que se han embargado los bajos comerciales para que el derribo no repercuta en las arcas municipales

La condena a realizar esas rectificaciones, relata el alcalde, recayó únicamente en Edibilsa, y el Ayuntamiento sólo se vio obligado a asumirlas de forma subsidiaria al no cumplir la constructora la sentencia. «Pero Laredo, sus ciudadanos y su Corporación no tienen por qué perder su dinero por los desacatos urbanísticos de ningún particular. Esto queda asegurado mediante el embargo que acordé en julio de 2017, que tiene la fecha en el Registro de la Propiedad de 19 de agosto de 2017», prosiguió López Visitación.

Para llegar a esta situación, el Consistorio pejino tuvo que poner en marcha dos tramitaciones paralelas. Por un lado, «remitir al Registro de Propiedad la anotación de embargo en la propiedad de la empresa» y, por otro, «abrir un procedimiento interno dentro del propio Ayuntamiento realizando la anotación de embargo también en la institución municipal», continuó el regidor.

«Todos los concejales saben que decisiones de esta envergadura y severidad las tomó este alcalde, no ninguno de mis predecesores desde 1999: han transcurrido 16 años, cuatro legislaturas», señaló López Visitación, que recordó además los diferentes problemas que se ha encontrado el Ayuntamiento a lo largo de los últimos años respecto a esta demolición. «Tuvimos que cambiar la empresa contratada en 2008 para hacer los estudios previos de demolición por sus dificultades para cumplir los compromisos. Tuvimos que corregir, actualizar y ampliar la información realizada hasta entonces y pasar a su revisión por los técnicos municipales. Se elaboró una batería de documentos que fueron remitidos al Juzgado, entre los cuales se incluyó un cronograma que contenía cuáles iban a ser las actuaciones del Ayuntamiento y de la empresa que interviniera, así como los plazos orientativos», relató el mandatario pejino.

Trámite administrativo

Las dificultades administrativas también han tenido su relevancia, como las relativas al presupuesto de los trabajos. «Como la cuantía de la partida para las demoliciones (3,3 millones) supera el 10% del Presupuesto del Ayuntamiento, el órgano que debe aprobar el proyecto e iniciar la licitación debe ser el Pleno», recordó López Visitación, que señaló además que «para que el Pleno se pronuncie por mayoría e inicie la licitación, el Ayuntamiento ha tenido que realizar los siguientes trámites: informe de Intervención sobre el proyecto de demolición elaborado en 2008; informe de contratación con el pliego administrativo correspondiente ajustado a la nueva Ley de Contratación Pública que acaba de entrar en vigor hace escasos días (9 de marzo); y, por último, los dictámenes obligatorios de la Comisión pertinente de Hacienda y Contratación. Todos estos trámites se están ultimando».

Además, según indicó el alcalde laredano, «El cronograma presentado a la Sala contempla los plazos que necesita la empresa y el Ayuntamiento para hacer estudios, catas y revisión de la viabilidad del proyecto de demolición elaborado en el año 2008. Al objeto de asegurar que no se vea afectada la seguridad del edificio por las obras. Las necesidades previstas en el cronograma contemplaban entrar en el inmueble y ocupar distintas dependencias».

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