El 'caso Tenis' centra la actualidad política

Imagen panorámica del Edificio Tenis, en el que hay que derribar los vuelos o terrazas de la edificación por encima de 45 grados. :: a. verano/A. Verano
Imagen panorámica del Edificio Tenis, en el que hay que derribar los vuelos o terrazas de la edificación por encima de 45 grados. :: a. verano / A. Verano

El derribo parcial del edificio que se ubica en primera linea de playa se ha convertido en los últimos meses en el tema principal de la actividad municipal

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

El 'caso Tenis', el del derribo parcial del edificio situado en primera línea de playa que el Ayuntamiento de Laredo debería llevar a efecto de acuerdo a la sentencia firme de 16 de noviembre de 1992 y el auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999, que ordenaba al promotor y a los propietarios del inmueble la demolición de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45º, acapara la actualidad municipal de la villa pejina desde el pasado mes de diciembre.

Aunque el tema ya había salido a relucir en algún pleno, cuando los concejales de la oposición preguntaban al alcalde Juan Ramón López Visitación (PSOE) y solicitaban información detallada del expediente, no fue hasta el pasado mes de diciembre cuando el asunto salió a la palestra.

Y fue con motivo de la multa de 150 euros que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) impuso al alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, y a cada uno de los otros cuatro ediles del PSOE que forman parte del equipo de gobierno por no cumplir los plazos previstos para llevar a cabo el derribo parcial del Edificio Tenis, con carácter subsidiario, ya que la sentencia ordenaba al promotor y a los vecinos que se hicieran cargo de esta actuación.

El juez ha dado dos meses al Ayuntamiento para iniciar el derribo y el equipo de gobierno ha pedido un «plazo flexible»

A partir de ese momento, el asunto ha centrado la actualidad política en Laredo. Y es que, desde entonces, en los tres plenos que se han celebrado, correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, lo único destacable, a parte del polémico convenio de Proinasa, en la modificación de crédito por importe de 1,5 millones de euros, que se aprobó el pasado mes de febrero y que permitirá, entre otras cosas, construir dos pistas de pádel, asfaltar la Avenida de Francia, reparar colectores, cubrir el parque infantil de la Alameda Miramar, rehabilitar del antiguo Ayuntamiento (las obras están en marcha), reformar la ludoteca municipal, reparar el polideportivo número 2 y rehabilitar el mercado de abastos.

Sobre todas estas inversiones no ha habido ninguna novedad por el momento, al menos que haya trascendido públicamente. Junto a este asunto estaría también el anuncio reciente del alcalde de Laredo de que el Ayuntamiento invertirá 2,7 millones de euros en la rehabilitación de los barrios de la villa.

Pero salvo estos tres asuntos, que apenas han ocupado la actualidad los días en que se aprobaron o se dieron a conocer, el tema que más ha dado de que hablar ha sido el 'caso Tenis', tanto desde el punto de visto judicial, debido a los recursos, impugnaciones y autos que se han ido emitiendo por parte de la Sala, como desde el vértice político, ya que se ha acrecentado las diferencias políticas que ya existían entre el alcalde pejino y la secretaria general del PSOE de Laredo y concejal de Festejos, Charo Losa.

«No se puede ejecutar el proyecto de derribo porque supone un riesgo para el resto del edificio» Josu Beaskoetxa | Comunidad de Propietarios

Hasta el momento, los principales protagonistas de este caso, que se está convirtiendo en un auténtico serial, son el equipo de gobierno, sobre todo el alcalde y la portavoz del PSOE, así como la secretaria general del PSOE laredano. De su lado, los miembros de la oposición (PP, PRC, IU y SSPL) han sido meros espectadores del conflicto judicial y político durante los últimos meses, hasta que el asunto ha llegado al plenario.

Y, al parecer, ha llegado para quedarse. Por lo menos un tiempo. Y es que para que el Ayuntamiento cumpla con la sentencia judicial de derribo parcial del edificio, tiene que ser el Pleno de la Corporación quien apruebe el proyecto (se dio luz verde el pasado miércoles), la consignación y adjudique los trabajos, al estar presupuestados en 3,3 millones de euros (más del 10% del presupuesto municipal).

Plazos

A día de hoy, el equipo de gobierno trabaja contra reloj con este tema, después de que la Sala concediera un plazo de dos meses (al parecer hasta el 6 de mayo) para el inicio de la demolición, bajo la advertencia de que «la dilación de las actuaciones supondrá la imposición automática de una nueva multa de 150 euros para cada uno de los responsables, y que se libre el testimonio antes referido, a los efectos de que el juez de guardia instruya las diligencias oportunas». El equipo de gobierno ya ha presentado un recurso en el que han solicitado un «plazo flexible», puesto que consideran que es imposible llevar a cabo todo los trámites necesarios para iniciar las obras en el tiempo que ha marcado el TSJC. Asimismo, y frente a los requerimientos del Juzgado y las acusaciones de los portavoces la oposición reprochando la demora de este asunto, el alcalde de Laredo ha defendido en varias ocasiones que «he hecho lo que ningún otro alcalde hizo desde 1999 y con un objetivo claro: salvaguardar los intereses de los vecinos y los intereses y el patrimonio del Ayuntamiento», y que el proceso se ha llevado a cabo «con diligencia, ajustándome a los procedimientos y a la legalidad y abriendo toda la información de este expediente a los miembros de la Corporación».

Por si el asunto no estuviera bastante enrevesado, los vecinos del Edificio Tenis han manifestado su disconformidad con el derribo parcial del edificio que está reclamando la Sala en cumplimiento de una sentencia firme de 1992. El presidente de la Comunidad de Propietarios, Josu Beaskotxea, ha advertido del «riesgo para el edificio que supone esta actuación» y de que promoverá acciones penales contra todo aquel que «con su firma u actuación haya tenido influencia, dado respaldo y pueda haber participado en la demolición parcial del inmueble, sin garantizar la seguridad para las personas y cosas no afectadas por el fallo judicial».

«Los vecinos están ocupando el edificio ilegalmente»

La otra pieza de este rompecabezas la forma el vecino afectado por el exceso de construcción del Edificio Tenis, que reclama el cumplimiento de la orden de derribo parcial. «La sentencia de 1990 anula el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 22 de junio de 1989, por el que se concede Licencia de Primera Ocupación del edificio, con lo que se está efectuando por parte de la comunidad de propietarios una ocupación ilegal del inmueble, que además está siendo permitida desde hace casi treinta años por el Ayuntamiento, que mira hacia otro lado e incumple sus obligaciones de inspección y restauración de la legalidad urbanística». Este vecino ha impugnado el recurso de reposición presentado por la comunidad de propietarios contra el auto en el que se daba al Ayuntamiento dos meses de plazo para iniciar los trabajos de derribo del inmueble, y en el que los vecinos alertaban sobre el riesgo de efectuar la demolición. El demandante asegura que Dynamis, empresa que ha dado el visto bueno al proyecto de derribo, ha determinado que es técnicamente posible la ejecución del proyecto de Pentia (empresa redactora).

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