La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Ecologistas en Acción contra Silver Eagle

Francisco Pernía, representante de la empresa Silver Eagle en Cantabria y director del campo de golf de Oyambre, ante la Casa Club en 2009/Javier Rosendo
Francisco Pernía, representante de la empresa Silver Eagle en Cantabria y director del campo de golf de Oyambre, ante la Casa Club en 2009 / Javier Rosendo

El Ministerio de Medio Ambiente otorgó a la compañía la concesión para explotar el campo de golf de Oyambre en el año 2011

EUROPA PRESS

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Ecologistas en Acción contra la concesión que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó en 2011 a la empresa Silver Eagle para la explotación del campo de golf de Oyambre, ubicado sobre una parcela de 76.500 metros cuadrados que fue declarada de dominio público marítimo terrestre en virtud del deslinde aprobado en 2005.

La sentencia, dictada el pasado mes de diciembre, se apoya para rechazar el recurso en un fallo previo de la misma sala de la Audiencia Nacional, que en enero de 2009 reconocía a la empresa el derecho a la concesión para el mantenimiento del uso del campo de golf sobre la duna de Zapedo de Oyambre, en Valdáliga. Así, a la concesión, en base a la Ley de Costas, hay que añadir que su otorgamiento ha sido reconocido por una sentencia que ya es firme.

La resolución judicial no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en 30 días. Sin embargo, este plazo aún no ha empezado a contar, ya que Ecologistas en Acción ha solicitado a través de su abogada que se subsanen errores que a su juicio aparecen en la sentencia y que se complete, al considerar que hay «pruebas que no se han tenido en cuenta».

Entre otras cosas, esta parte alega que el campo de golf de Oyambre se asienta en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), algo que según la letrada de EA se «obvió» u «omitió» durante el procedimiento derivado de la solicitud de concesión por parte de Silver Eagle, y que desembocó en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, la misma que reconoció a la empresa el derecho a explotar la instalación deportiva.

La agrupación ecologista recurrió la concesión al considerar que es contraria a la directiva europea que contempla medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats y la fauna y flora silvestre.

También alegaba que el uso de golf no existía en la duna a la entrada en vigor de la Ley de Costas, ni se disponía entonces de autorización o licencia para su ejercicio, entre otras cuestiones.

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