El juez desestima la denuncia de la exalcaldesa sobre los gastos del anterior gobierno de Cabezón

El juez desestima la denuncia de la exalcaldesa sobre los gastos del anterior gobierno de Cabezón
Javier Rosendo

La socialista Isabel Fernández acusó a los anteriores mandatarios (PP y PRC) de cometer malversación, fraude de subvenciones y falsedad documental

LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº6 de Torrelavega emitió el pasado mes de mayo un auto, que se ha conocido ahora, en el que disponía el sobreseimiento provisional de la denuncia que realizó la exalcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández (PSOE), en diciembre de 2016, en la que acusaba al anterior equipo de gobierno municipal (PP y PRC) de haber cometido delito de fraude de subvenciones, falsedad en documento público y privado, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y organización criminal, entre los años 2012 y 2015. Por todo ello, argumentaba además «la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de los delitos ya expuestos».

El auto lo ha dado a conocer el actual alcalde, Víctor Manuel Reinoso (PRC), concejal del equipo de gobierno en la anterior legislatura. La exalcaldesa ya anunció el pasado año que había realizado dicha denuncia «compuesta por más 5.000 folios», en los que se «probaban» todas estas irregularidades cometidas por el anterior gobierno. La denuncia venía motivada por los requerimientos del Tribunal de Cuentas en torno al gasto de 1.690.000 euros del año 2013 y detectados al margen del presupuesto. Los 5.690 folios han sido revisados en su totalidad por el juzgado, quien se basa en todo momento en los informes de la interventora municipal y quien al final considera que «no ha resultado debidamente acreditada la comisión de los delitos investigados».

En el auto, la magistrada, que califica la redacción de la denuncia realizada por Fernández de «farragosa, desordenada y confusa», argumenta que la cantidad de 1.600.000 euros que Fernández acusaba al anterior gobierno de no justificar, «son una estimación a futuro de la totalidad del contrato de residuos urbanos durante su periodo de vigencia, pero no existe en el año 2013 operación contable de ese dinero».

En cuanto a los otros cinco expedientes que suponen unos 90.000 euros y que también según Fernández estaban sin justificar, la magistrada estima que «cumplen la normativa y no hay malversación de caudales». En el auto, la jueza va desgranando todos los argumentos de la socialista sin encontrar justificación en ninguno de ellos. Preguntada ayer, Fernández dijo que se trata de un auto, «que no es definitivo y forma parte de un proceso judicial». La socialista lo ha recurrido. Por su parte, el actual alcalde criticó que Fernández no informara del auto en el mes de mayo, cuando era alcaldesa, y lamentó que «esto haya supuesto un gasto para el Ayuntamiento de 30.000 euros».

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