Un nuevo auto del Juzgado considera legal la licencia del hotel de Oreña

Fachada del hotel de Oreña, establecimiento que ha soportado un largo periplo judicial/Javier Rosendo
Fachada del hotel de Oreña, establecimiento que ha soportado un largo periplo judicial / Javier Rosendo

El Puerto Calderón ya no tendrá que ser derribado, a lo que se le condenó en 2004, por la aprobación del nuevo PGOU de 2015

Lucía Alcolea
LUCÍA ALCOLEA

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Santander ha estimado la causa de imposibilidad legal, planteada por el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, de ejecución del fallo que ordenaba el derribo del Hotel Puerto Calderón, en Oreña, y declara la imposibilidad de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) del año 2004, que condenaba a la demolición de dicho hotel. El fallo se produce después de que el Ayuntamiento haya aprobado un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en junio del año 2015, en base al cual la licencia concedida para construir dicho hotel en 1999 vuelve a ser legal.

Los hechos en este largo periplo judicial se remontan al año 1999, cuando el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo aprobó unas normas subsidiarias. Dicha normativa fue recurrida por la asociación ecologistas ARCA al entender, según explicó ayer el abogado del Ayuntamiento, José María Real del Campo, «que entre el trámite de aprobación provisional y la aprobación definitiva se habían producido modificaciones sustanciales».

Antes de que saliera publicada una resolución sobre estas normas, el anterior alcalde en el Ayuntamiento, Félix Iglesias, otorgó varias licencias, entre ellas la de la construcción del hotel Puerto Calderón, en Oreña, conforme a dichas normas subsidiarias de 1999. Después, éstas fueron anuladas por lo que inmediatamente entraron en vigor las normas subsidiarias del año 1983, en base a las cuales la licencia concedida era ilegal. En aquel momento, denunciaron la situación de ilegalidad el entonces concejal José Manuel Luguera, una vecina del municipio y otro concejal del PP. En 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) les dio la razón y consideró que la licencia era ilegal, por lo que obligaba al Ayuntamiento a derribar el hotel, «al decretar la nulidad de la licencia de obra concedida en su momento». Entre 2004 y 2007, «la ejecución de la sentencia quedó paralizada», explicó el abogado, pero después comenzó a moverse de nuevo la ejecución, y tuvieron lugar varias causas judiciales relacionadas con el auto en cuestión. También en este tiempo accedió a la alcaldía Enrique Bretones, actual alcalde.

Plan nuevo e incidente

En enero del año 2015, el Juzgado de la Contencioso Administrativo número 1 de Santander ordenó la ejecución subsidiaria del derribo del hotel y designó a la empresa Tragsa para que llevase a cabo los trabajos a costa del Ayuntamiento. Las obras de demolición habían sido tasadas por Tragsa en 140.000 euros y la ampliación del hotel estaba valorada en el proyecto de construcción de 1999 en 470.000 euros, «aunque se estima que las responsabilidades que hubiese tenido que afrontar el Ayuntamiento con la demolición sobrepasarían el millón doscientos mil euros».

El nuevo planeamiento retoma la ordenación de las normas subsidiarias de 1999

Sin embargo, el derribo continuó sin llevarse a cabo de forma definitiva. En junio de 2015, el Ayuntamiento aprobó un nuevo planteamiento urbanístico y presentó un incidente. El último auto, de abril de este año, explica que el nuevo PGOU «retoma la ordenación de las normas subsidiarias de 1999 en una serie de zonas, por lo que la licencia concedida entonces vuelve a casar con el planeamiento» y a ser legal. Así lo explicó ayer el alcalde, quien dijo que «ya no es necesario aplicar la sentencia de derribo, porque el hotel ha quedado legalizado con el nuevo PGOU aprobado».

Según el auto, «esta nueva autorización se funda en la aprobación, publicación y entrada en vigor del nuevo PGOU e implica que la pretensión de demoler deviene ilegal, implicando un obstáculo para el fallo». Así, de momento, no será derribado el hotel, aunque eso no suponga el final de esta 'guerra' judicial.

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