El PGOU volverá a pleno en un mes

El PGOU contenía algunos errores en la calificación de las fincas de los vecinos. /Javier Rosendo
El PGOU contenía algunos errores en la calificación de las fincas de los vecinos. / Javier Rosendo
Cabezón de la Sal

El equipo redactor presentará el documento definitivo para su debate por parte de la Corporación y su aprobación provisional

Lucía Alcolea
LUCÍA ALCOLEACabezón de la Sal

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal continúa con la gestión del problemático Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad y en aproximadamente un mes, según asegura el alcalde, Víctor Manuel Reinoso, se llevará a pleno de nuevo su aprobación provisional. El documento, que se aprobó en pleno de forma definitiva en diciembre del año 2013, permanece anulado desde que hace unos años el Tribunal Supremo emitiera una sentencia en la que invalidaba dicha aprobación al considerar que se había realizado «sin sacar a exposición pública un anexo de la memoria ambiental».

La resolución judicial obligaba al nuevo equipo de gobierno (PSOE, PRC e IU) a volver a sacar a exposición pública el documento con el apéndice que no había sido tenido en cuenta. Sin embargo, acatar la sentencia no ha sido precisamente coser y cantar, sobre todo tratándose de un Plan General, y el Ayuntamiento lleva ya más de dos años inmerso en esta cuestión. Hace un mes que se adjudicó la redacción del PGOU al mismo equipo redactor que se ha ocupado del plan en los últimos años «a través de un contrato menor de unos 18.000 euros», concretó el alcalde, quien prevé que en otro mes, «el PGOU sea aprobado de forma provisional en sesión plenaria y remitido a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), quien tendrá que dar el visto bueno».

El alcalde explicó que el Plan General «es el mismo que hace cinco años, solo que se han introducido algunos cambios relacionados con la calificación de algunas fincas y se ha sacado a exposición pública el apéndice de la memoria ambiental, contra la que se presentaron un total de 79 alegaciones», que están siendo estudiadas por el equipo redactor. «Hemos cambiado algunos detalles porque había terrenos que eran rústicos y aparecían como urbanos y al revés». De hecho, los vecinos que no estaban conformes lo llevaron a juicio y a algunos el juez les dio la razón, lo que ha obligado al Ayuntamiento a actuar en consecuencia. Se trata, dijo Reinoso, «de errores corregibles, porque luego está todo lo que afecta a la memoria ambiental, que no se puede modificar», aclaró. En total, calculó, «el anterior documento urbanístico es válido en un 70%, por lo que se habría modificado el 30% del mismo, y no hemos tenido que partir de cero».

«El Ayuntamiento debe actuar en base a los informes que emiten las entidades implicadas»

En este sentido, Reinoso matizó que «el Plan General no es otra cosa que una serie de informes emitidos por todas las partes implicadas, desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) hasta Costas», dijo, por poner dos ejemplos. El Ayuntamiento «ha de actuar en base a los informes que emiten los técnicos de estas entidades, que son las que dictan cómo han de hacerse las cosas», una partida en la que el equipo de gobierno, como tal, tiene poco que decir.

Una vez haya finalizado el contrato del equipo redactor, en el plazo de un mes, se presentará el trabajo definitivo y éste tendrá que ser aprobado en pleno y contar con el voto favorable de la mayoría de los concejales del equipo de gobierno. En caso de que sea así, y la Crotu dé posteriormente su visto bueno, se procederá a su aprobación definitiva. Sin embargo, aunque explicado parece que todo está bastante claro, a la hora de la verdad se trata de un proceso largo, que suele toparse con algún que otro escollo burocrático y donde sobre todo es complejo contentar a todas las partes implicadas.

Javier Rosendo

A todo esto se añade una complicación más y es que también es necesario realizar un estudio geológico que determine en qué parte del suelo se admiten construcciones. «Este plan afecta a un sector del municipio de Cabezón de la Sal y el objetivo es ver qué parte del suelo admite ciertas construcciones y qué parte no, porque se pueden crear problemas con las minas de sal», concretó el regidor regionalista.

El objetivo es «garantizar la seguridad y saber dónde se puede construir para aprovechar estas zonas», manifestó. La anterior alcaldesa, Isabel Fernández (PSOE) ya explicó en su día que el Ayuntamiento había iniciado conversaciones con la Facultad de Minas de la Universidad de Cantabria para realizar este estudio geológico, pero por el momento nada más se sabe del asunto.

El ahora alcalde explicó hace unos meses que, aunque todavía no hay nada concluyente, «estamos manteniendo conversaciones con el Gobierno de Cantabria para ver cómo podemos subvencionar la redacción de este estudio». El panorama es el que es, pero los pasos se van dando «en la dirección adecuada», dijo Reinoso. El siguiente será lograr que la aprobación provisional del PGOU consiga el apoyo del Pleno.

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