La alcaldesa de Piélagos aclara que rechazar la exigencia millonaria de Fadesa por el Cuco no implica avalar la política urbanística del PP

Si el Ayuntamiento hubiera asumido esa demanda millonaria de la empresa promotora, hubiese tenido que pagar lo equivalente a cuatro veces el presupuesto anual que maneja. Una cantidad inasumible para un municipio al que el Gobierno ya tuvo que adelantar cuatro millones de euros para costear los derribos de las viviendas construidas en el monte. Por eso, Samperio tiene claro que Piélagos «debe defenderse» y evitar asumir la responsabilidad patrimonial. «No tendríamos con qué hacer frente a esa cantidad, de ahí la conveniencia de esperar y que sean los tribunales de Justicia los que tomen una decisión».

Lejos de verlo como una simple decisión práctica, el concejal del PP municipal Carlos Caramés cree que existe un trasfondo político y que PSOE y PRC están «dando la razón» a su partido y a su gestión urbanística «pese a demonizarla durante años».

La alcaldesa no lo entiende así. De hecho, ha recordado que fueron los concejales populares los que, en 2004, aprobaron el Plan Parcial que dio lugar a uno de los mayores desastres urbanísticos de la región y, después, el Ayuntamiento de Piélagos fue el único condenado por el Tribunal Supremo al derribo de las viviendas ilegales del Alto del Cuco y a la regeneración ambiental de la zona.

A esto hay que añadir que el Gobierno de Cantabria requirió hasta en tres ocasiones al Consistorio que paralizara y anulara el citado plan parcial, requerimientos a los que los populares «hicieron caso omiso», por lo que el Ejecutivo «tuvo que actuar y acudir a la Justicia, con las consecuencias que hoy, tristemente, todos conocemos». Por último, los sucesivos equipos de gobierno del PP «no fueron capaces de firmar acuerdos de colaboración con el Gobierno autonómico para hacer frente a las sentencias de derribo, al igual que tenían otros municipios afectados por este problema», ha denunciado Samperio.