Archivan la macrocausa que tenía en vilo a excargos y técnicos de Piélagos

La Audiencia da carpetazo a la denuncia presentada por el arquitecto municipal en 2009 contra el fallecido Pacheco, un edil, el secretario, otro técnico y dos constructores

C. DE LA PEÑAPiélagos

Tras ocho años de investigaciones y miles de folios acumulados, la Audiencia Provincial de Cantabria ha decidido dar carpetazo definitivo a la denuncia que presentó el entonces arquitecto municipal, hoy jubilado, contra el alcalde Jesús Ángel Pacheco, fallecido en 2015, y el exconcejal de Obras Celestino Cobo, a los que acusó de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por la construcción de un vial supuestamente ilegal en una urbanización del barrio de El Sartal, ubicado en la localidad de Mortera.

La denuncia arrastró al también arquitecto municipal, Pedro Restegui, y al exsecretario José María Menéndez, así como a dos promotores inmobiliarios, todos ellos en calidad de inductores o cooperadores necesarios. El técnico denunciante acusó a los cargos públicos de autorizar o consentir la construcción con el único objetivo de dar servicio a la vivienda del exsecretario municipal de Piélagos, ahora de Santander, y a los dos empresarios, el que promovió la parcela donde estaba el chalé del técnico, y el que ejecutó el camino. Al arquitecto le señaló por informar favorablemente la licencia de primera ocupación de las 36 viviendas de la promoción a sabiendas que que el acceso rodado a la misma conculcaba la normativa urbanística.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, que en mayo de 2015, en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales, dictó un auto en que imputó a los dirigentes municipales, técnicos y empresarios por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La resolución judicial cayó como un jarro de agua fría en el Consistorio de Piélagos, sobre todo porque en el PP se temió que la imputación de Cobo, a la sazón concejal de Obras, pudiera perjudicar al alcalde y candidato popular a la reelección Enrique Torre.

El auto del juez Luis Enrique García Delgado fue demoledor porque daba por probadas, al menos indiciariamente, las acusaciones del denunciante Fernando Fernández Herrero. Según el magistrado, en mayo de 2007, el entonces alcalde del municipio Jesús Ángel Pacheco, «con la complicidad o aquiescencia» del concejal de Obras, «mandó» ejecutar un vial en una urbanización de Mortera a dos promotoras de la propia urbanización «conociendo perfectamente» que el camino iba a discurrir por una parcela destinada a parque público. Esta decisión, según el auto de imputación, se tomó para «favorecer» al entonces secretario del Ayuntamiento, propietario de la finca que se iba a ver beneficiada por el vial al posibilitar su conexión con la CA-303, y a los dos promotores encausados. El magistrado señaló que la decisión de ejecutar el vial tuvo una naturaleza «puramente clandestina», pues no se siguió expediente de ningún tipo, y de hecho, «no consta que esta actuación esté documentada en el Ayuntamiento». Días después de hacerse pública la resolución judicial, Pacheco falleció.

La inmediatez de Pacheco

Disconformes con su imputación, los afectados recurrieron a la Audiencia, que ahora ha zanjado definitivamente el asunto con el archivo de todas las acusaciones.

El tribunal concluye que el vial fue ejecutado en suelo urbano calificado como «equipamiento», y no zonas verdes, uso que no está tipificado como delito contra la ordenación del territorio. Subraya la sentencia que la ejecución del vial es contraria al planeamiento urbanístico, pero «la misma no rebasa el ámbito de las infracciones administrativas», tal y como argumentó también el Ministerio Fiscal, que pidió el archivo del caso.

Respecto a la prevaricación administrativa que se atribuyó al exalcalde Pacheco, la Sala no solo la descarta, sino que destaca la «total inmediatez» con la que actuó el regidor al conocer que la ejecución del vial era contrario al planeamiento urbanístico. «Dictó dos resoluciones tendentes de forma inequívoca a restablecer la legalidad urbanística conculcada, y a sancionar las conductas infractoras», dice el tribunal, lo que «no se compadece con una conducta prevaricadora».

La Sala tampoco tiene indicios de que el exsecretario municipal «se hubiera beneficiado con la construcción del vial», ni de que indujera al alcalde para que ordenara a los promotores inmobiliarios la apertura del camino. En este sentido, considera probado que cuando el antiguo secretario del Ayuntamiento compró su vivienda, el vial ya estaba construido y en uso, tal y como alegó en su recurso. El técnico expuso además que su chalé tiene acceso por otro vial, así como que del camino controvertido se beneficiaban más de 400 vecinos. El auto de la Audiencia respalda todos sus alegatos, y subraya además que «no hay constancia alguna de que a consecuencia de la construcción del vial, la vivienda haya visto incrementado su valor».

La Audiencia rechaza la petición del denunciante de investigar una posible malversación de fondos en torno a una factura porque no guarda relación con ninguna obra relativa a la ejecución del vial».

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