La Fiscalía investiga si el exalcalde de Noja prevaricó en la adjudicación de una obra

El magistrado rechazó la reclamación de 37.131 euros formulada por la constructora al ayuntamiento, pero además concluyó que la contratación fue «manifiestamente ilegal» y que hubo «una posible manipulación de documento mercantil y judicial por la manipulación y ocultación de los datos».

Ahora, la Fiscalía ha iniciado la investigación requerida por el juez y como primer paso ha remitido un requerimiento a la secretaria municipal para que aporte, «a la mayor prontitud», testimonio del expediente de contratación «supuestamente incoado para adjudicar la realización de las obras de ampliación del colegio público Palacio», al que se hace referencia en el acta de reunión del Consejo de Administración de la sociedad Empresa Municipal Viviendas de Noja VPO SL , celebrada el 5 de junio de 2012.

En su escrito, la Fiscalía advierte a la secretaria municipal que, en caso de no ser posible la remisión del expediente, «deberán indicarse las razones para ello», dado que dicha sociedad municipal es de titularidad exclusiva de ese Ayuntamiento.

En Noja llueve sobre mojado. El mismo juez ha requerido la intervención de la Fiscalía para investigar la actuación de Díaz en otra adjudicación al sospechar que pudo incurrir también en otro delito de prevaricación administrativa. En este caso se trata de las obras ejecutadas en la oficina turística de la localidad. El magistrado observó que la obra se había adjudicado a dedo, de forma verbal y sin crédito presupuestario, vulnerando «todos los principios básicos de la contratación administrativa», por lo que también dedujo testimonio para que la Fiscalía de Cantabria abra diligencias e investigue al exalcalde.

Los hechos que va a investigar ahora la Fiscalía se remontan a 2012, cuando el Ayuntamiento de Noja adjudicó a la empresa GIOC las obras de ampliación del colegio a través de la sociedad Empresa Municipal Viviendas de Noja VPO SL, participada al 1005 por el Consistorio y cuyo representante legal era el entonces alcalde Jesús Díaz, actualmente presidente del órgano rector. Cuando la mercantil fue a cobrar los 37.131 euros del trabajo realizado, el Ayuntamiento se opuso al considerar que, «si bien es cierta la adjudicación y el importe reclamado, no procede el abono de la factura porque no ha sido emitida a nombre del Ayuntamiento», instando a reclamar el importe a la sociedad pública, circunstancia en la que también coincidía la sentencia y motivo por el cual se desestimó el recurso.

Sin embargo, en la sentencia el juez Sánchez desveló que la mercantil alegó que desde el Ayuntamiento se le dijo que «era necesario que se modificaran los importes, de forma que la factura de urbanización fuera superior, reduciéndose la factura de las obras complementarias», lo que hizo para poder cobrar. También resaltaba que la encomienda de la obra a la empresa pública «fue ilegal por contravenir» la Ley de Contratos del Estado. El magistrado puso de manifiesto también la posible manipulación del expediente judicial.