Los jueces reactivan las ejecuciones de las sentencias de derribo y empiezan por Argoños

La Sala de lo Contencioso Administrativo, tribunal que ha dictado la mayor parte de las sentencias de demolición y responsable por tanto de su ejecución, comunicó ayer al Ayuntamiento de Argoños, (el municipio más problemático ya que cuenta con 255 viviendas ilegales de las 469 afectadas en estos momentos en toda Cantabria) y al Gobierno de Cantabria que reanuda los procesos de ejecución. En su escrito, la Sala requiere a ambas administraciones para que en el plazo de treinta días «identifiquen» a las personas responsables de los derribos e informen de las actuaciones que han llevado a cabo, incluido, en su caso, el calendario de ejecución previsto.

La decisión de la Sala se produce después de que el Tribunal Supremo resolviera el pasado mes de marzo que los propietarios de las viviendas no cobrarán nada antes del derribo y que pasarán meses o años hasta que finalmente se les reconozca el derecho a ser indemnizados. El Alto Tribunal rechazaba así un recurso del Gobierno regional, en el que defendía que no se puede producir el derribo de las viviendas sin que previamente se haya establecido el importe de las indemnizaciones y abonado las mismas o, al menos, afianzado la cuantía, en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Supremo no lo vio así y dio luz verde a las demoliciones.

Una vez recibidas las actuaciones del Supremo, los jueces de Cantabria han dado el primer paso de un proceso que conducirá inexorablemente a la demolición de las viviendas ilegales, que sólo se podrán salvar si los planes urbanísticos de los ayuntamientos afectados (Arnuero, Escalante, Piélagos y Argoños) se aprueban a tiempo.

«Confío en la sensibilidad de los tribunales y en que los jueces tengan en cuenta que los planeamientos están ya en la recta final, y que no tiene sentido tirar algo para que luego se vuelva a construir lo mismo», subraya el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía. El alto cargo ignora «cómo reaccionarán los jueces ahora», pero recuerda que el magistrado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, Juan Varea, fue «sensible y realista» cuando subrayó en una reciente sentencia que «el ordenamiento jurídico no puede interpretarse de modo que origine soluciones que, en vez de resolver los conflictos sociales, los agrave, generando daños que puedan evitarse con soluciones más sencillas que llevan al mismo final, la legalización con indemnización». Con este argumento mantenía en pie la urbanización Playa Marzán, de Miengo.

González Buendía aclara que el Gobierno carece de un calendario de ejecución para cada caso. Únicamente dispone de un calendario de actuaciones, heredado del Ejecutivo del PP, cuando Javier Fernández era consejero del área, que contiene una serie de previsiones que «en algunos casos han quedado desfasadas». En este momento Urbanismo únicamente está en condiciones de detallar a los jueces la situación en que se encuentran los planes de ordenación de los municipios para «demostrar que no ha habido pasividad», así como de informar de manera pormenorizada sobre el coste de la ejecución de los derribos. A comienzos de la legislatura el Ejecutivo valoró en 65 millones de euros el coste de la ejecución de los derribos, pero era una evaluación «sin detalle fino» por lo que en estos momentos Urbanismo trabaja en una valoración «más real y detallada, caso a caso», que será entregada también a los jueces.

No obstante, la madre del cordero está en la celeridad que imprima el tribunal a las ejecuciones, ya que, en el mejor de los casos, los nuevos planes generales de ordenación no estarán aprobados antes del verano. Su presidente, Rafael Losada, señaló que antes de fin de año las palas podrían entran en alguna urbanización.

En el caso de Escalante, el PGOU que santifica el edificio Las Torres, con 32 viviendas ilegales, está pendiente de la actualización del Plan de Ordenación del Litoral (POL), que irá próximamente al Consejo de Gobierno para su aprobación. Después el plan en su conjunto se someterá a la decisión de la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu) y «antes del verano puede estar aprobado». Respecto a Argoños, el nuevo plan está pendiente de una modificación del Plan de Ordenación de los recursos Naturales de las Marismas de Santoña para legalizar 244 de las 255 casas amenazadas. Urbanismo confía en que «a finales de año» pueda estar aprobado. En el caso de Piélagos, con 80 viviendas ilegales, el planeamiento será aprobado también presumiblemente antes de que finalice el año. Arnuero es el único de los cuatro municipios con problemas que dispone de nuevo plan general, aunque no sirve para indultar las 102 viviendas de la urbanización La Arena, para cuyos propietarios se construirán viviendas de sustitución con un coste de 11 millones de euros.