Los jueces reactivan las ejecuciones de las sentencias de derribo y empiezan por Argoños

os afectados por las sentencias de derribo han protagonizado en estos años múltiples actos de protesta. En la imagen, una concentraciónen Argoños/Roberto Ruiz
os afectados por las sentencias de derribo han protagonizado en estos años múltiples actos de protesta. En la imagen, una concentraciónen Argoños / Roberto Ruiz

El Tribunal Superior da 30 días al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria para que presenten un calendario para demoler las viviendas ilegales

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

Tras dos años en vía muerta y una paralización temporal previa, derivada de una reforma legislativa que condujo a un callejón sin salida -las llamadas autorizaciones provisionales-, los jueces de Cantabria han reactivado la ejecución de las sentencias de derribo. Ahora sí, ninguna argucia dilatoria cabe ya para impedir la actuación de los tribunales, toda vez que los afectados no están dispuestos a quemar el último cartucho por falta de recursos: acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), única vía para conseguir una nueva suspensión de los procesos de ejecución.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, tribunal que ha dictado la mayor parte de las sentencias de demolición y responsable por tanto de su ejecución, comunicó ayer al Ayuntamiento de Argoños, (el municipio más problemático ya que cuenta con 255 viviendas ilegales de las 469 afectadas en estos momentos en toda Cantabria) y al Gobierno de Cantabria que reanuda los procesos de ejecución. En su escrito, la Sala requiere a ambas administraciones para que en el plazo de treinta días «identifiquen» a las personas responsables de los derribos e informen de las actuaciones que han llevado a cabo, incluido, en su caso, el calendario de ejecución previsto.

La decisión de la Sala se produce después de que el Tribunal Supremo resolviera el pasado mes de marzo que los propietarios de las viviendas no cobrarán nada antes del derribo y que pasarán meses o años hasta que finalmente se les reconozca el derecho a ser indemnizados. El Alto Tribunal rechazaba así un recurso del Gobierno regional, en el que defendía que no se puede producir el derribo de las viviendas sin que previamente se haya establecido el importe de las indemnizaciones y abonado las mismas o, al menos, afianzado la cuantía, en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Supremo no lo vio así y dio luz verde a las demoliciones.

EL Tribunal Supremo dio luz verde a las ejecuciones y rechazó el recurso presentado por el Gobierno regional

Una vez recibidas las actuaciones del Supremo, los jueces de Cantabria han dado el primer paso de un proceso que conducirá inexorablemente a la demolición de las viviendas ilegales, que sólo se podrán salvar si los planes urbanísticos de los ayuntamientos afectados (Arnuero, Escalante, Piélagos y Argoños) se aprueban a tiempo.

«Confío en la sensibilidad de los tribunales y en que los jueces tengan en cuenta que los planeamientos están ya en la recta final, y que no tiene sentido tirar algo para que luego se vuelva a construir lo mismo», subraya el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía. El alto cargo ignora «cómo reaccionarán los jueces ahora», pero recuerda que el magistrado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, Juan Varea, fue «sensible y realista» cuando subrayó en una reciente sentencia que «el ordenamiento jurídico no puede interpretarse de modo que origine soluciones que, en vez de resolver los conflictos sociales, los agrave, generando daños que puedan evitarse con soluciones más sencillas que llevan al mismo final, la legalización con indemnización». Con este argumento mantenía en pie la urbanización Playa Marzán, de Miengo.

La Sala de lo Contencioso retoma los procesos iniciados hace 20 años para tirar las viviendas ilegales

González Buendía aclara que el Gobierno carece de un calendario de ejecución para cada caso. Únicamente dispone de un calendario de actuaciones, heredado del Ejecutivo del PP, cuando Javier Fernández era consejero del área, que contiene una serie de previsiones que «en algunos casos han quedado desfasadas». En este momento Urbanismo únicamente está en condiciones de detallar a los jueces la situación en que se encuentran los planes de ordenación de los municipios para «demostrar que no ha habido pasividad», así como de informar de manera pormenorizada sobre el coste de la ejecución de los derribos. A comienzos de la legislatura el Ejecutivo valoró en 65 millones de euros el coste de la ejecución de los derribos, pero era una evaluación «sin detalle fino» por lo que en estos momentos Urbanismo trabaja en una valoración «más real y detallada, caso a caso», que será entregada también a los jueces.

LOS HITOS

Septiembre de 2014
Los jueces de Cantabria llevan al Constitucional la reforma legislativa de 2013, las llamadas autorizaciones provisionales, que mantenían las viviendas ilegales hasta la aprobación de los nuevos planes urbanísticos. Se suspenden las ejecuciones.
Diciembre de 2015
El Tribunal Constitucional anula la autorizaciones provisionales .
Enero de 2016
La Sala de lo Contencioso retoma las ejecuciones y requiere a las administraciones para que garanticen las indemnizaciones.
Diciembre de 2016
El Ejecutivo recurre al Supremo varios autos de la Sala. Nueva paralización de los procesos.
Marzo de 2018
El Supremo rechaza el recurso del Gobierno y dice que no hay que indemnizar antes de derribar. Da pie a la reactivación de los trámites.

No obstante, la madre del cordero está en la celeridad que imprima el tribunal a las ejecuciones, ya que, en el mejor de los casos, los nuevos planes generales de ordenación no estarán aprobados antes del verano. Su presidente, Rafael Losada, señaló que antes de fin de año las palas podrían entran en alguna urbanización.

En el caso de Escalante, el PGOU que santifica el edificio Las Torres, con 32 viviendas ilegales, está pendiente de la actualización del Plan de Ordenación del Litoral (POL), que irá próximamente al Consejo de Gobierno para su aprobación. Después el plan en su conjunto se someterá a la decisión de la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu) y «antes del verano puede estar aprobado». Respecto a Argoños, el nuevo plan está pendiente de una modificación del Plan de Ordenación de los recursos Naturales de las Marismas de Santoña para legalizar 244 de las 255 casas amenazadas. Urbanismo confía en que «a finales de año» pueda estar aprobado. En el caso de Piélagos, con 80 viviendas ilegales, el planeamiento será aprobado también presumiblemente antes de que finalice el año. Arnuero es el único de los cuatro municipios con problemas que dispone de nuevo plan general, aunque no sirve para indultar las 102 viviendas de la urbanización La Arena, para cuyos propietarios se construirán viviendas de sustitución con un coste de 11 millones de euros.

AMA pide «cordura a la Justicia y las administraciones»

Los afectados por las sentencias de derribo (AMA) preparan una batería de medidas para que se dé solución a un conflicto que dura ya más de dos décadas. El próximo 26 de mayo, el 'autobús de los inocentes' recorrerá los cuatro ayuntamientos, llegará hasta la sede judicial de Las Salesas y recalará en el Parlamento. Después, el 14 de julio el colectivo ha programado una marcha hasta Santander y no descartas encierros y huelgas de hambre, porque «la gente ya no aguanta más. El daño es tan grande que el tiempo hace que aumente la injusticia con la familias», denuncia el presidente de AMA, Antonio Vilela, que reclama «cordura por parte de la Justicia y de las Administraciones. Los ayuntamientos tienen que llevar en tiempo y forma los planes para que la Sala decida si esos cumplen la legalidad y si esas viviendas hay que tirarlas».

Pero se pregunta «qué pasa con el suelo urbano consolidado donde si derribamos volvemos a construir, podemos dilapidar recursos públicos cuando hay solución dentro de la legalidad» Según AMA, el 80% de las viviendas están en esa situación. «Si se derriban se va a volver a edificar en el mismo sitio». Vilela tiene claro también que «los afectados no podemos ser escudos humanos de la Administración contra la Justicia».

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