La juez de Santoña reabre el caso y cita a declarar como investigada a Puerto Gallego

Puerto Gallego, exdiputada nacional / Andrés Fernández
Santoña

La exdiputada nacional, sorprendida por la nueva resolución judicial, confía en que su testimonio «sirva para cerrar de una vez este proceso»

CONSUELO DE LA PEÑA

El refranero español está lleno de aforismos para explicar con sabiduría popular la última decisión judicial en torno al caso de la exdiputada socialista Puerto Gallego, pero el ‘donde dije digo, digo Diego’ plasma de forma exacta la última resolución de la juez de Santoña María Peña Lobeto. Hace tan sólo dos semanas archivó la causa que implicaba a la exalcaldesa de Santoña en un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, relacionado con el fraccionamiento de contratos en ese ayuntamiento durante los años 2003 y 2009, en los que gobernó con mayoría absoluta. Entonces, en un lacónico auto judicial, se limitó a decir que no había indicios de delito.

«Hemos podido cometer algún error administrativo, pero no penal»

Ahora, la misma juez vuelve a poner en la picota a la exdirigente socialista. En otro auto, dictado este mismo miércoles, revoca su archivo, reabre la causa y cita a declarar en calidad de investigada (antes imputada) a Gallego. Podría hablarse entonces de la expresión del poeta británico Alexander Pope, según la cual ‘errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios’, sólo que en este caso la rectificación de la juez, más que sabia, ha venido forzada por las circunstancias. Porque el sobreseimiento del proceso fue recurrido en reforma ante la propia juez por los querellantes, el exconcejal del Movimiento Falanguista Leoncio Calle Pila y el Partido Popular, que alegaron «la falta de motivación» y «la existencia de indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación» para pedir la continuación de la investigación judicial.

Gallego, que se vio obligada a entregar su acta de diputada nacional cuando el pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo vio «indicios claros» de delito en su gestión municipal, encajó con un flemático «hay que respetar a la Justicia» la decisión de la juez, de la que se enteró por este periódico. «Ha pasado tanto tiempo y ha habido tantas idas y venidas en el proceso, que si esto sirve para que se cierre de una vez, bienvenido sea».

A Gallego le ha durado muy poco la alegría del archivo de la denuncia que presentó el exconcejal del Movimiento Falangista Leoncio Calle Pila en febrero de 2009 y a la que se sumó un año después del PP de Santoña. Cuando conoció el carpetazo judicial a un caso que la ha tenido en jaque durante los últimos ocho años, confesaba el sentimiento de alivio, de «respirar tranquila», que le proporcionaba el sobreseimiento. A la vez no ocultaba que le hubiera gustado declarar para poder defenderse de las acusaciones de prevaricación administrativa, porque durante todo este tiempo ningún juez ha oído sus argumentos de defensa en sede judicial. Ahora podrá hacerlo cuando la juez María Peña Lobeto la cite a declarar como investigada.

El apunte

Adjudicaciones a dedo y con reparos de intervención

Gallego dice que el equipo de Gobierno que presidió pudo cometer errores administrativos pero nunca un delito. Así lo vio también el Ministerio Fiscal, que siempre ha pedido el archivo de la denuncia. Pero la Audiencia primero y el Supremo después creen que, al menos indiciariamente, muchos de los acuerdos de contratación que se tomaron entre los años 2003 y 2009 fueron ilícitos penales. Así lo vio también la primera juez que llevó el peso de la investigación al concluir que se adjudicaban a dedo contratos mayores de 18.000 euros, vulnerando así la legislación en materia de contratación, haciendo además caso omiso a los reparos de legalidad de la intervención municipal.

Puerto Gallego dice que está «curada de espanto» y que no tiene ningún problema en comparecer ante la magistrada, pero le sorprende que «con todo lo que está apareciendo (en referencia a la corrupción política), se preste tanta atención a esto, que, al fin y al cabo, se trata de una gestión diaria en un ayuntamiento, donde hemos podido cometer algún error administrativo, pero no penal».

El nuevo auto judicial se limita a estimar los recursos de reforma del falangista Calle Pila y el PP y a reabrir el caso para que Gallego declare como imputada, para lo que será citada más adelante en otra diligencia.

«Hay que respetar a la Justicia. Si sirve para cerrar el caso de una vez, bienvenido sea»

En la nueva resolución, la magistrada realiza un somero repaso de todas las actuaciones judiciales realizadas a partir de la denuncia presentada en febrero de 2009 por Calle Pila contra la entonces alcaldesa y su equipo de Gobierno municipal, a quienes acusó de un delito de prevaricación continuada en la adjudicación de contratos entre los años 2003 y 2009, periodo en el que gobernó con mayoría absoluta. Un año después se sumó a la querella el Partido Popular de Santoña.

La juez recuerda que en la transcurso de la investigación se tomó declaración a los ocho concejales encausados y también a los interventores que hubo en el ayuntamiento durante esos años, aunque no a la exalcaldesa, que para entonces era ya diputada nacional y por tanto aforada. Dice que se practicaron distintas pruebas periciales y que, cumplidas estas diligencias, el fiscal pidió el archivo de la causa. Pero la juez instructora remitió el caso al Supremo, que el pasado mes de septiembre acordó investigar a Gallego, lo que provocó su dimisión. A su vez, la Audiencia de Cantabria se pronunció también sobre el caso y vio indicios de un delito de prevaricación al observar que «al menos indiciariamente se prescindió de los procedimientos de contratación establecidos» y se hizo caso omiso a los numerosos reparos de legalidad realizados por el interventor municipal. Por eso, «en coherencia» con la Audiencia, la juez decide reabrir el caso.

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