Noja acata el dictamen del Consejo de Estado y pagará 800.000 euros a un abogado

Noja acata el dictamen del Consejo de Estado y pagará 800.000 euros a un abogado
Celedonio Martínez

El Gobierno local aceptó en Pleno no declarar la nulidad del contrato de asistencia letrada, según instó el órgano consultivo

Ana Cobo
ANA COBOSantander

El Pleno del Ayuntamiento de Noja acordó por unanimidad aceptar el dictamen del Consejo de Estado y no declarar la nulidad del contrato de asistencia del abogado del Consistorio, Eduardo Garmendia, por los servicios prestados e impagado entre el 2009 y 2015 como pretendía inicialmente el equipo de Gobierno (PRC-PSOE). Esta aprobación obliga, ahora, al Ayuntamiento a hacer frente al pago de los honorarios que reclama el letrado cuantificados por el Gobierno local en 800.000 euros. Una cifra que rebaja el propio abogado situándola «en torno a 500.000 euros».

Lo cierto es que aunque el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo y no vinculante, al Consistorio no le ha quedado otro remedio que hacerlo suyo. De lo contrario, hubiera sido el primer Consistorio de España que no sigue su pronunciamiento.

Como ya adelantó este periódico el pasado lunes, al alcalde nojeño, Miguel Ángel Ruiz, y a su brazo derecho, el teniente alcalde socialista, Javier Martín, les ha salido mal sus planes de acudir al Consejo de Estado para que declarara la nulidad del contrato de asistencia letrada. El órgano consultivo no solo les echa abajo el intento de anular la adjudicación del contrato por lesivo para las arcas públicas, sino que les advierte a Ruiz y Martín de que tendrán que pagar de su bolsillo los intereses de demora de la cantidad reclamada, una cifra que puede alcanzar los 40.000 euros.

«Se trata de facturas pendientes y no pagadas por el gobierno del PP», defiende Martín

El máximo órgano consultivo del Gobierno sostiene que ambos han utilizado «con fines políticos» el expediente de revisión de oficio del contrato del abogado, que ejerció básicamente en la etapa en que el popular Jesús Díaz estuvo al frente de la Alcaldía. En su dictamen no ve motivo alguno para resolver la contratación y acuerda abrir un expediente a Ruiz y Martín para determinar si han incurrido «en responsabilidad por dolo, o culpa o negligencia graves». En caso de que sea afirmativo, tendrán que abonar personalmente los 40.000 euros.

Durante el fragor del debate plenario, regionalistas y socialistas se dieron la mano para acusar al Partido Popular de «mentir» y de hacer una «interpretación interesada» de la recomendación del Consejo de Estado en torno a la solicitud de revisión de oficio del contrato del abogado por los servicios prestados al Ayuntamiento durante el periodo 2009-2015.

Martín se despachó a gusto con sus adversarios políticos al no haberle sentado nada bien las declaraciones que han vertido los populares en las redes sociales a raíz de esta resolución y les acusó de interpretar «torticeramente» lo que, a su juicio, concluye el Consejo de Estado en su informe. «No condena a pagar ninguna cantidad ni a Ruiz ni a mí, como torticeramente ha sostenido la oposición estos días en la redes sociales, sino que lo único que hace es recomendar, solo en caso de que se apreciasen fundamentos suficientes, que de momento no los aprecia, la apertura de un expediente».

«Responsabilidad del PP»

El teniente alcalde defendió que este conflicto surge cuando, «recién llegados al gobierno municipal en 2015, el abogado que venía prestando asistencia letrada al Ayuntamiento nos presenta un listado de facturas pendientes y no abonadas por el anterior gobierno del PP por un importe de casi 800.000 euros». Para Martín, los populares «son los únicos responsables de este problema. «No tenían consignación presupuestaria para ninguno de los juicios ni expedientes de contratación ni nada de nada».

Siempre según su versión, « Díaz y el PP se han saltado a la ligera y sin el más mínimo respeto a la legalidad la cuantía de 18.000 euros fijada como tope para contratos menores y, además, han dejado de abonar casi 800.000 euros para que seamos otros lo que tengamos que hacer frente, aunque sea con informes de reparo de Intervención, que eso parece que a ellos les da igual, a una deuda a todas luces desproporcionada».

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