Se derrumba en Pontejos una de las naves en ruina de Simsa

Eran las 11.00 horas, cuando la Policía Local tuvo conocimiento a través de la llamada de un trabajador de una fábrica cercana «del desprendimiento parcial del techo de uno de los edificios» de la vieja fábrica de Simsa, en Pontejos. Días antes, este periódico se hizo eco de la denuncia de la Junta Vecinal y los vecinos sobre la situación de riesgo de colapso de estas y otras naves del recinto, debido a las actuaciones de «pillaje o vandalismo» que sufren las instalaciones, en las que se han arrancado «las vigas madre» de algunos edificios, como sucedió en la nave que ayer se derrumbó.

«Gracias a Dios no ha habido que lamentar daños personales y agradecemos la actuación urgente del Ayuntamiento, pero les pedimos que no se queden ahí y que insten la resolución de la caducidad de la concesión de los terrenos a Costas para acabar con esta historia», resumía este martes la presidenta de la Junta Vecinal, Cristina Gómez Bedia, quien días antes (14 de mayo) había presentado un escrito al Ayuntamiento denunciando la situación y pidiendo la resolución de los expedientes de ruina y caducidad de la concesión a Simsa.

Tras el episodio de este martes -que no ha sido el único- el Ayuntamiento precintó la zona afectada del recinto fabril abandonado y acometió los primeros trabajos para asegurar la estructura y evitar desgracias, aunque dejó claro que no es la administración competente. En este sentido, desde el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) se solicitaba este martes mayor implicación a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar como propietaria legítima de los terrenos, después del deslinde definitivo de 2011. Un asunto que la empresa Simsa recurrió, siendo desestimado por el Tribunal Supremo confirmando a este departamento estatal como propietario.

El problema está en que Costas mantiene abierto un expediente de declaración de caducidad de la concesión otorgada a Simsa, iniciado con fecha 25 de enero de 2018, «estando a la espera de una resolución preceptiva del Consejo de Estado, tal y como desde la citada Dirección General le fue confirmado al Ayuntamiento el pasado 19 de abril», indicaron desde el Ayuntamiento. Por ello, «en tanto, no se resuelva y devenga firme el procedimiento, no se producirían los efectos derivados de la caducidad, como es el desmantelamiento de las instalaciones y restauración del Dominio Público Marítimo Terrestre, que corresponde a la concesionaria. De no hacerlo esta, lo realizará en régimen de ejecución subsidiaria, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar», añadieron.

Según declaró este martes a éste periódico el primer teniente de alcalde, Pedro Pérez Ferradas - que siguió in situ los trabajos de desescombro- para el Ayuntamiento es «inasumible» el desmantelamiento que, en su día, se valoró por los técnicos municipales en 872.835 euros. «Es el Gobierno de España a quien corresponde, a través de la Demarcación de Costas, el derribo y gestión posterior de los residuos», insistió.

Pérez Ferradas alegó que el Ayuntamiento «siempre se ha preocupado» por esta situación y por ello, en marzo de 2016, ya le comunicó a Demarcación de Costas de Cantabria «la declaración de ruina de algunas de las instalaciones de la fábrica, instándole al inicio del expediente de caducidad de la concesión».

Por todo ello, y dada la situación de inseguridad que se está generando desde el Ayuntamiento se instó este martes a la Dirección General de Costas a asumir el compromiso de, en tanto se resuelve el procedimiento de caducidad de la concesión, «adoptar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad en la zona, ya que el Ayuntamiento está asumiendo tanto desde el punto de vista jurídico como económico, una responsabilidad que no le corresponde», concluyeron.

Este periódico publicó el domingo un reportaje del estado de las instalaciones, en el que aparecía el edificio que se ha derrumbado aun en pie, con las vigas que soportaban su estructura cortadas a la mitad. Por las instalaciones paseaba gente libremente, ya que no había perímetro de seguridad.