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Ayuntamiento de Riotuerto. DM .
Riotuerto pierde la batalla legal contra la adjudicataria de la ayuda a domicilio

Riotuerto pierde la batalla legal contra la adjudicataria de la ayuda a domicilio

Riotuerto ·

El juez da la razón a la empresa Carflor y anula el contrato que el Ayuntamiento pretendía que asumiese con unas condiciones que no se pactaron en la adjudicación

Elena Tresgallo

La Cavada

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Martes, 10 de abril 2018, 07:37

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El juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Santander ha declarado nulo el contrato menor por la prestación del servicio de ayuda a domicilio de la empresa Carflor en Riotuerto. Tras varias sentencias sobre este tema, el último fallo supone un varapalo judicial para el Consistorio puesto que admite la demanda de la empresa que acusó al Ayuntamiento de urdir un «engaño» para que ésta asumiera el servicio y el contrato de las trabajadoras en las mismas condiciones que la adjudicataria anterior, cuando nunca ofertó eso. El Ayuntamiento afirmaba esta semana que acataba el veredicto, pero no lo compartía y anunciaba un posible recurso.

Las primeras víctimas de este complicado asunto fueron las trabajadoras del servicio, que estuvieron trabajando sin cobrar durante muchos meses. De hecho, una sentencia anterior obligó al Ayuntamiento a abonarles los salarios, lo que se hizo en diciembre aunque aún se les deben los intereses. Los segundos perjudicados han sido los usuarios, que no tienen servicio desde marzo de 2017 debido a todos los problemas judiciales de la adjudicación del contrato.

Cabe recordar que este asunto se remonta a la resolución del contrato con la anterior adjudicataria (Urbania), que fue cuando el Ayuntamiento negoció la cesión del servicio a la nueva prestadora (Carflor). Una transmisión del servicio que, según la sentencia, queda demostrado que no hubo, y que sólo se negoció una oferta de Carflor para hacerse cargo del mismo. No obstante la pretensión municipal fue que se hicieran cargo de la prestación de la anterior adjudicataria, con las mejoras ofertadas por la misma.

El PP pide la dimisión del regidor, Alfredo Madrazo, porque la sentencia le acusa de «engañar» a la empresa

Según el juez, queda demostrado por el cruce de correos electrónicos entre Ayuntamiento y Carflor, que existió una oferta de la empresa que nada tiene que ver con lo que demandaba el Consistorio. «El Ayuntamiento podría aceptar o no la oferta, pero no aprovechar esta para, unilateralmente, modificar el contenido del consentimiento del contratista», aclara. Durante este tiempo, la empresa ha asumido a las trabajadoras del servicio, sin encargarles trabajo alguno, puesto que su argumento es que nunca tuvieron un contrato legal con el Consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Riotuerto afirmó esta semana que acataba la sentencia, «pero no comparte el fallo de la misma». A la par, el alcalde, Alfredo Madrazo (PRC), explicaba que se había dado orden a los servicios jurídicos municipales de que estudiaran la viabilidad del correspondiente recurso. «El Ayuntamiento sigue defendiendo que Carflor prestó de forma plena y consciente su consentimiento cuando presentó la oferta», insisten, tras explicar que el mismo magistrado apunta a que a la empresa le moviesen otros intereses. «Cosa distinta es que el contratista no haya obrado con toda la buena fe exigible y haya intentado obtener, también, la prestación de esos refuerzos, al margen del contrato», resaltan que apuntó el juez.

«Muy grave»

Por su parte, el grupo municipal del PP, a través de su portavoz, Ángel Cuadrado, calificó el asunto como «muy grave» porque la sentencia «dice claramente que el Ayuntamiento ha engañado a una empresa, es más que motivo suficiente para pedir la dimisión del alcalde de Riotuerto», explicaron. A la par, denunciaron también las consecuencias de todo este asunto, como que desde marzo de 2017 dicho servicio no se presta «a ninguno de los 16 usuarios que lo necesitan y lo tienen adjudicado», o que las cinco trabajadoras han estado desde noviembre de 2016 sin cobrar. También criticaron que el Ayuntamiento tenga que asumir las costas judiciales «por enésima vez».

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