La Justicia inhabilita al exalcalde de Vega de Pas por un delito de prevaricación

La Justicia inhabilita al exalcalde de Vega de Pas por un delito de prevaricación
Antonio 'Sane'

El Juzgado de lo Penal 4 impide al actual concejal regionalista ocupar un cargo público durante dos años y cuatro meses por haber contratado personal y adjudicado obras 'a dedo'

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

El concejal regionalista y exalcalde Víctor Manuel Gómez Arroyo ha sido condenado a dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 4, no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cantabria. No obstante, de acuerdo con el código ético del PRC, la decisión judicial podría obligarle a dejar el cargo en el Ayuntamiento.

La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, condena al exalcalde pasiego por la contratación 'a dedo' de dos guías del Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas a pesar de las advertencias de la secretaria municipal, y por fraccionar «de forma ficticia» las obras de rehabilitación de la Casa de Cultura, que superaban los 100.000 euros, para adjudicarlas «de manera directa y a su libre elección».

El actual concejal regionalista se enfrentaba a una pena muy superior, incluso de cárcel, pero la juez Amaya Merchán le ha absuelto del delito contra la ordenación del territorio del que también estaba acusado, y además reduce hasta los dos años y cuatro meses la inhabilitación al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que han transcurrido nueve años desde que se abrió el procedimiento.

El PSOE, que inició la acusación contra el alcalde, se retiró quince días antes del juicio

La iniciativa judicial contra el exalcalde partió de la entonces portavoz del PSOE en Vega de Pas Leire Díaz y de una agrupación formada por miembros de la junta local del PP y la Asociación de Amigos de Vega de Pas. Sin embargo, quince días antes del juicio, celebrado el pasado mes de septiembre, el PSOE retiró la acusación, que ejerció en solitario la asociación vecinal junto al Ministerio Fiscal. El fiscal solicitó una pena de 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, una petición que el colectivo vecinal elevó a 15 años, además de pedir año y medio de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio relacionado con la rehabilitación de varias cabañas pasiegas que estaban en trámite de legalización.

La sentencia declara probado que en distintos periodos de 2008 y 2009, el exalcalde contrató de guías del Museo Etnográfico, de titularidad municipal, a dos mujeres «de manera directa y sin expediente público de contratación», a pesar de que fue advertido por la secretaria municipal de que dicha actuación contravenía la normativa legal.

Durante el juicio, Gómez justificó la contratación 'a dedo' en que no tenía tiempo para tramitar el concurso público ya que querían abrir el museo en los meses de más afluencias. Pero la magistrada sostiene que «ello no es sinónimo de urgencia o necesidad inmediata que en situaciones excepcionales permite prescindir de la contratación por expediente público», máxime cuando la nota de disconformidad de la secretaria fue realizada en julio de 2007, a pesar de lo cual el alcalde «persistió en su conducta» en los contratos posteriores al primer periodo.

También las obras realizadas en la Casa de Cultura del Ayuntamiento fueron realizadas 'a dedo' y «sin respetar» el marco legislativo regulador de la contratación en el sector público. La resolución judicial subraya que esos trabajos formaban parte de un proyecto de rehabilitación financiado por el Programa Nacional Proder, con un presupuesto de 100.602 euros. Se trataba por tanto de una obra global, cuya cuantía exigía la tramitación de expediente de concurso público, pese a lo cual el encausado «omitió» el proceso de adjudicación y «fraccionó» la obra en varios tramos «de forma ficticia para asegurar la contratación directa».

El regionalista explicó que sólo pretendía favorecer al Ayuntamiento ya que «solicitó un presupuesto a El Corte Inglés y excedía del importe financiado». Pero, como en el caso anterior, la juez subraya que eso no es motivo para que vulnerase la normativa aplicable, adjudicando las obras a empresas elegidas por el alcalde.

Víctor Manuel Gómez alegó en su descargo que la intervención municipal no le informó de que tenía que realizarlo de manera diferente, pero la magistrada responde que «forma parte del conocimiento mínimo de un alcalde el saber hasta qué importe está obligado o no a sacar a concurso público las obras a realizar y si no era así, tenía que haberse cerciorado, dada la nada desdeñable cuantía de la obra a realizar», que superaba con creces la cuantía de 50.000 euros, tope máximo para no tramitar un concurso público. «Si no lo hizo fue por su absoluta desidia o intención de colocarse en una posición deliberada de ignorancia», concluye la juez.

Sin embargo, la magistrada no ha visto indicios delito en las obras de la estación de bombeo y ampliación del cementerio, ni en la reforma de varias cabañas, hechos por los que también había sido acusado el exalcalde.

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