Santander entra en la batalla judicial contra el bipartito por los diques de La Magdalena

Vista de la playa de La Magdalena, donde se están realizando ya la batimetría y la caracterización de materiales de dragado.
Vista de la playa de La Magdalena, donde se están realizando ya la batimetría y la caracterización de materiales de dragado. / Javier Cotera
  • El Ayuntamiento del PP lleva su enfrentamiento con el Gobierno hasta la Audiencia Nacional al personarse en la causa, lo que causa «sorpresa»en el seno del Ejecutivo

Tras meses de enfrentamientos públicos y cruces de declaraciones con el bipartito PRC-PSOE por la construcción de los diques en las playas de La Magdalena, Los Peligros y Bikinis, el Ayuntamiento de Santander se ha aburrido de esperar a ver los toros desde la barrera y ha decidido pasar de lleno a la acción. El Consistorio del PP se ha personado en el contencioso que el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno cántabro mantienen a cuenta de la obra en la Audiencia Nacional y se suma, de facto, a una batalla legal contra un Ejecutivo regional, con el que ha mantenido sonoros desencuentros desde el comienzo de la legislatura.

La postura de Ayuntamiento y Gobierno sobre el proyecto es totalmente contraria: el bipartito ha pedido la suspensión cautelar de las obras, que se iniciaron a principios de mes, en tanto que el Consistorio cree, al igual que el Estado, que el proyecto cuenta con todas las garantías medioambientales.

Íñigo de la Serna, a preguntas de este periódico, se mostró muy prudente sobre el paso dado. Se limitó a señalar que Santander se ha personado en el procedimiento «para tener información de primera mano sobre el contencioso, porque no puede ser que la ciudad se entere por la prensa de los pasos que da el Ejecutivo al respecto». De la Serna recordó que el Ayuntamiento no tiene ninguna relación directa con la obra, salvo el papel de beneficiario, que ha explicado hasta la saciedad: si no se ejecuta el plan para estabilizar estas playas, la capital se quedará sin ellas, porque son ya muchos años de perder arena a lo largo de los invierno a causa de la dinámica de las mareas.

Los protagonistas del contencioso son, pues, el Ministerio que ha promovido la obra y la financia, por un lado. Y, por otro, el Ejecutivo regional, que en su función de controlar que esta construcción no dañe a dos puntos LIC (Lugares de Interés Comunitario) como El Puntal y el Estuario del Miera, se ha puesto enfrente del Estado y ha exigido que se paralice a este proyecto a la espera de que nuevos estudios determinen el alcance de los daños que se podrían o no producir en estos dos sitios.

Presentar alegaciones

«Si eres una Administración y no estás personado, no te enteras de lo que ocurre», agregó el alcalde para justificar el paso dado. Pero hay una segunda razón para que el municipio se haya involucrado directamente en este proceso judicial: cuando la Audiencia Nacional tenga que decidir sobre las medidas cautelares solicitadas, el Ayuntamiento tendrá derecho a presentar sus propias alegaciones, lo que supondrá una mayor presión hacia las tesis del Ministerio, con las que Santander se ha alineado desde el minuto uno.

Esta decisión ha «sorprendido» en el seno del bipartito PRC-PSOE. En el Ejecutivo, que aún no ha recibido la notificación oficial, creen que con este cambio de actitud, el Ayuntamiento pretende dejar el plano de las críticas hacia la Consejería de Medio Rural que había mantenido hasta ahora y volver a la carga, esta vez por la vía judicial, contra la gestión del Ejecutivo. Hace tiempo, De la Serna les acusó, incluso, «de querer paralizar la única inversión que iba a recibir Santander del Estado».

Desde el Gobierno defienden que «faltan estudios que garanticen que no se afectará a los LIC en la bahía». La Consejería del regionalista Jesús Oria considera que «no se tienen todas las garantías de protección medioambiental para El Puntal y para el Estuario del Miera».

Además, recuerdan que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, empezó la legislatura en un «clima cordial» con el alcalde y que «siempre le ha recibido al día siguiente de solicitarlo». Sin embargo, no se fían de las intenciones del equipo de gobierno municipal. Insisten en que desde mayo «De la Serna ha abierto frentes cada vez que ha podido». Todavía recuerdan las disputas que emprendió por la licencia de apertura de Valdecilla, el centro de Acogida Princesa Letizia o, la más mediática, la batalla por la ubicación del Museo de Prehistoria.

Obras iniciadas

Mientras el litigio por los diques se resuelve, el tercero en discordia, el Ministerio de Medio Ambiente, decidió comenzar a comienzos de mes pese a que ya tiene en sus manos la comunicación de la Audiencia Nacional que le informa del recurso contencioso-administrativo del Gobierno de Cantabria –que ha sido admitido a trámite, según aseguró Antonio Lucio, director general de Medio Natural– y de que el Ejecutivo regional «sigue esperando la suspensión cautelar del proyecto».

Becsa, la empresa adjudicataria encargada del proyecto, está realizando en estos momentos la batimetría y la caracterización de los materiales de dragado, actuaciones con las que arranca una obra que tendría que estar terminada en siete meses, porque no se quiere entorpecer la próxima temporada estival. Acabada esta fase se iniciará el espigón emergido y lo siguiente será el espigón de apoyo (el situado en el Promontorio). Cuando estos muros estén terminados se procederá al dragado y extendido de arena en la playa y, finalmente, a la urbanización de la zona de entrada a la playa en el promontorio.