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César Díaz sirve agua al magistrado del Supremo Rafael Fernández, ponente de la sentencia de anulación del Plan General
"La anulación del Plan General no afecta a las licencias, son válidas"

"La anulación del Plan General no afecta a las licencias, son válidas"

El magistrado del Supremo Rafael Fernández, ponente de la sentencia que suspendió el documento, cree necesarias reformas para agilizar los planes urbanísticos

Gonzalo Sellers

Sábado, 21 de enero 2017, 17:47

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Pocos minutos antes de comenzar la jornada organizada por la Revista de Derecho Urbanístico, dos abogados hablan, cómo no, de los efectos de la anulación del Plan General de Santander. No en vano, ese es el motivo principal para haber elegido la capital cántabra como sede del encuentro. «¿Has oído que van a requisar de oficio todas las licencias concedidas?», pregunta uno de ellos. «Me parecería descabellado. Los particulares no tienen ninguna responsabilidad en esto», responde otro.

La situación en la que quedan las licencias urbanísticas tras la sentencia contra el PGOU de Santander demostró ser, de hecho, la principal preocupación de los cerca de 70 profesionales que ayer acudieron a las jornadas. Pero el magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, ponente del fallo judicial contra el documento del Ayuntamiento, tranquilizó a todos: «La anulación del Plan General no las afecta. Todas las licencias son válidas. También se pueden desarrollar todos los proyectos ya aprobados». Es decir, las obras de cualquier licencia concedida pueden ejecutarse a pesar de la anulación del Plan.

A su lado se sentó el concejal de Urbanismo de Santander y autor intelectual del plan que el magistrado y el Supremo mandaron a la lona el año pasado. César Díaz, en un tono reivindicativo, exigió reformas normativas «urgentes», tanto para ejecutar las sentencias «con ponderación» como para minimizar los trámites exigidos a estos documentos urbanísticos. «Es inconcebible que los plazos se alarguen hasta los cinco o diez años en el mejor de los casos».

  • El magistrado del Tribunal Supremos Rafael Fernández no entró a valorar las posibles soluciones que Santander tiene por delante tras la anulación del Plan General para salir de ese «escenario de horror vacui», en palabras de César Díaz, en el que se ha quedado.

  • El Ayuntamiento y el PP intentan introducir unas normas transitorias en la actual Ley del Suelo, pero no cuentan con el apoyo del Gobierno, que prefiere esperar a hacerlo en la nueva legislación que se está redactando.

  • El magistrado sólo se refirió en una ocasión a las normas transitorias, pero no a las de Santander, sino a las de Marbella «Esa figura me genera dudas allí, pero es que la situación es completamente distinta a la de Santander».

  • En el acto también se encontraba el director general de Urbanismo del Gobierno, Francisco González Buendía, y el concejal de Urbanismo no perdió la oportunidad de insistir en la necesidad de introducir esas normas en la actual ley.

Reformismo

Fernández, comprensivo con la situación en la que queda el Ayuntamiento tras el fallo, comulgó con las ideas reformistas del concejal, aunque también quiso dejar claro que los jueces del Supremo «no disfrutan anulando planes y son muy conscientes de la realidad económica, pero en el caso de Santander había un cúmulo de normas que no ofrecían otra salida». «Entiendo su desazón le dijo a Díaz, pero ¿cómo mantenemos legal un documento si un elemento esencial, el Bitrasvase, aparece nulo a pesar de que sigue funcionando?», se preguntó.

El magistrado detalló las tres cuestiones que el Supremo analizó en profundidad en el caso de Santander. La primera fue el crecimiento demográfico previsto en el Plan. «Los estudios presentados convencieron a la Sala», se limitó a decir. La organización de los espacios verdes también generaron debate. «¿Está bien que se concentren todos en la zona protegida por el POL, es decir, colocar todos los parques allí? Pues es discutible, pero puede ser una decisión razonable. No tengo nada que decir», explicó.

Pero el problema llegó con la tercera cuestión: el agua. Antes incluso de evaluar el Bitrasvase, la Sala del Supremo «ya quedó tocada» cuando vio que no había una evaluación ambiental sobre la principal fuente de agua de la capital: el valle del Pas. «Las grandes ciudades provocan efectos en otros municipios, pero claro, los ayuntamientos alegan que no van a hacer esos estudios fuera de sus límites. ¿Debe hacerlo entonces la comunidad? Aquí algo falla», destacó. Pero incluso ese obstáculo «quedó salvado», hasta que llegó el Bitrasvase y el Supremo confirmó «las carencias del recurso hídrico».

Reformas

El magistrado, en la misma línea que César Díaz, puso «en tela de juicio» el proceso que debe cursar un plan general hasta su aprobación, un modelo que «no ha cambiado desde los años 60» y que «debe ser revisado». Fernández vinculó directamente estos documentos de desarrollo de las ciudades con la acción política.

Los definió, incluso, como «la proyección urbanística de los programas electorales». Por eso, considera clave reducir los plazos y que los gobiernos que salgan de las urnas puedan ejecutarlos durante la legislatura.

«Hay que buscar esquemas más ágiles para que puedan aprobarse y ponerse en marcha cuatro años, los políticos tienen derecho a cumplir lo que han prometido en campaña», declaró, sin profundizar en los riesgos que podría suponer un cambio de ordenación urbanística cada vez que sale un gobierno distinto de las urnas. Precisamente, el mismo problema que se le ha achacado siempre a los planes educativos nacionales.

El magistrado también reconoció, usando las mismas palabras que el concejal de Urbanismo, que existe «un gran problema con una doctrina especialmente severa» con el urbanismo que requiere «un debate interno». Y también llamó la atención sobre los francotiradores. Fernández llama así a los particulares la acción pública que aparecen de repente en un proceso para exigir la ejecución de una sentencia. «Tengo muchas dudas sobre su papel en el urbanismo. No puede quedar al alcance de cualquiera», reconoció.

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