Cientos de cámaras vigilan el día a día de los santanderinos

La Delegación del Gobierno tiene 169 autorizadas para controlar espacios públicos. Pero hay que añadir las privadas en bancos, comunidades, negocios de todo tipo y viviendas particulares

Una de las nuevas cámaras instaladas en el trayecto del MetroTUS está ubicada en el paso de cebra que une Correos con la Delegación del Gobierno/Javier Cotera
Una de las nuevas cámaras instaladas en el trayecto del MetroTUS está ubicada en el paso de cebra que une Correos con la Delegación del Gobierno / Javier Cotera
Violeta Santiago
VIOLETA SANTIAGOSantander

Cada vez es más difícil sustraerse a la mirada de un objetivo que todo lo graba. Con las añadidas en Santander a raíz de la puesta en marcha del MetroTUS –que suma una treintena de cámaras dirigidas a otros tantos espacios públicos de la capital– vecinos y visitantes se desenvuelven a diario bajo la atenta mirada de cientos de registradores de imágenes aunque no sean demasiado conscientes. Velan por su seguridad, pero también registran sus horarios, sus rutas, sus costumbres, sus compañías y lo que llevan puesto. En este momento, la Delegación del Gobierno de Cantabria tiene autorizadas 169 cámaras que vigilan sitios sensibles, y lo hacen porque algún estamento oficial (en su mayor parte el Ayuntamiento) les ha convencido de la necesidad de abrir un ojo concreto 24 horas al día, bien para evitar daños al patrimonio común, bien por tratarse de lugares con un pasado problemático.

Pero hay otros cientos de ellas en reductos privados como comunidades de vecinos, entidades financieras, superficies comerciales, empresas, fábricas, viviendas particulares, fincas y solares. El número de éstas es mucho más impreciso porque aunque la videovigilancia que precisa un particular o empresa debe inscribirse en la Agencia de Protección de Datos, la forma de hacerlo es un tanto singular, ya que sólo se asienta una por lugar. Así, puede darse el caso de que un gran centro comercial tenga 50 cámaras en funcionamiento y que en la Agencia conste como un único expediente.

También la Dirección General de Tráfico (del Ministerio del Interior) se apoya en cámaras en muchos puntos, pero no dentro de las ciudades. En Santander, todas las grabaciones relacionadas con las calles y la circulación de vehículos están bajo la supervisión de la Policía Local, aunque la empresa que gestiona la regulación semafórica de la ciudad –con sede en la plaza de las Estaciones– cuenta con su propio sistema. En este caso, el objetivo es vigilar recorridos, de modo que se vigilan cruces conflictivos, el interior de los túneles y los viales más transitados.

Requisitos para instalar cámaras privadas

1
No se podrán obtener imágenes de espacios públicos. Si resulta imprescindible para la finalidad de vigilancia, hay que grabar el mínimo de la vía pública.
2
Debe existir una relación de proporcionalidad entre lo que se persigue y el modo en que se traten los datos recabados.
3
Siempre hay que informar a los ciudadanos mediante carteles de la existencia de videocámaras, como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas.
4
Si el sistema de videovigilancia graba y conserva las imágenes deberá notificarse previamente a la Agencia de Protección de Datos nacional.
5
También hay que contar con impresos que informen de la finalidad de la recogida de datos, los destinatarios de la grabación y la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
7
Es obligatorio eliminar las imágenes en el plazo máximo de un mes desde su captación.
8
Es necesario adoptar medidas para que las grabaciones estén seguras y evitar su alteración, pérdida o accesos no autorizados.

Todas, tanto las supervisadas por la Delegación del Gobierno como las particulares y las de tráfico, están sometidas a una serie de requisitos muy concretos que se deben seguir al pie de la letra para no incurrir en ilegalidades. Por ejemplo, cada cámara debe ir acompañada por un cartel en color llamativo advirtiendo al ciudadano de que sus movimientos están siendo apuntados. Y aunque un entorno con multitud de cámaras provoque rechazo, también se les ve el lado bueno porque ayudan a prevenir y a resolver delitos. Ayer mismo, la empleada de una empresa de juegos recreativos de Santander que ha sido repetidamente atracada denunciaba en El Diario Montañés que en su negocio las cámaras deberían ser obligatorias.

En recintos privados, aún más

En los últimos nueve años, el número de aparatos registrando lo que ocurre en espacios públicos casi se ha doblado: en 2009, en Santander había sólo 87 cámaras autorizadas oficialmente frente a las 169 que se contabilizan hoy. Un portavoz de la Agencia de Protección de Datos nacional señala que las instaladas para recintos privados pueden haber corrido paralelas en número o multiplicarlo por 10. Es imposible dar una cifra concreta porque este organismo solo da cifras regionales. En Cantabria tiene inscritas ahora 4.928 cámaras. De ellas, sólo 65 corresponden a ficheros de titularidad pública.

Los permisos para instalar las grabadoras de imágenes en lugares comunes se conceden siempre por un año, periodo tras el que es obligatoria la renovación. Esta autorización hay que solicitarla ante la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que reúne a expertos como la fiscal jefe de Cantabria, un abogado del Estado, un representante de la Federación de Municipios y un asesor del delegado del Gobierno. Al frente de la comisión está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral. Si, por el motivo que sea, el informe que emite esta junta deniega la instalación, la decisión es vinculante.

En nueve años, el número de aparatos que registran imágenes en sitios públicos casi se ha doblado

Las imágenes que se graban en lugares privados tienen que eliminarse en un mes

Desde la citada Agencia se recuerda que hay un protocolo estricto a la hora de colocar una cámara de videovigilancia en un sitio privado, ya que los particulares no pueden nunca lesionar los derechos de otros ciudadanos por mucho que pretendan proteger una propiedad. Una comunidad de vecinos que quiera poner un aparato en una entrada de garaje debe cuidarse mucho de grabar a los transeúntes. Además, la mayor parte de las normas hacen especial hincapié en que los dispositivos instalados en ámbitos privados no tomen imágenes de perímetros públicos y, sobre todo, en que debe de existir una relación de «proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se tratan los datos».

Por ejemplo, una cámara instalada en un garaje no tiene por qué tener la definición para grabar el interior del coche que circula por la vía pública. Además, las imágenes tienen que ser eliminadas en el plazo máximo de un mes, tiempo que se considera suficiente para resolver cualquier conflicto que hubiera podido generarse. Con esas prevenciones, se pretende reducir al ciudadano la sensación que pudiera tener de ser controlado siempre que advierte a su alrededor el frío ojo de la cámara. Porque lo memorizan todo. Lo hace lo mismo en un parque, que en el patio de un colegio, que en las gradas de un estadio de fútbol, que en la plaza que rodea a un centro de arte, que en una calle muy céntrica. Y en estos tiempos, la tendencia es ir a más.

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