El PP desactiva la opción de crear unas normas urbanísticas temporales como solución al PGOU

Durante estos últimos doce meses, el Ayuntamiento de Santander ha preferido apelar a modificaciones puntuales del Plan General que enfangarse en la tramitación de unas Normas Transitorias que llevaría más de un año. Y en paralelo ha puesto en marcha la maquinaria para aprobar otro nuevo Plan General, cuyos pliegos, aseguran desde el partido, están muy avanzados. Pero no es la única razón por la que el PP ha desactivado la vía del Parlamento.

A José Manuel Igual, diputado encargado de promover la iniciativa, y a César Díaz, concejal de Urbanismo de Santander, nunca les llegó a convencer del todo la opción de las Normas Transitorias. Su apuesta siempre fue introducir los cambios necesarios en la Ley del Suelo a través de la Ley de Medidas del Presupuesto, lo que permitía que fueran inmediatos, sin la necesidad de un proceso burocrático largo. En un primer momento, al PRC no le pareció mal esa posibilidad. El propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, comulgó con los planteamientos que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el concejal de Urbanismo le trasladaron en su despacho. Pero los regionalistas recularon y el PP se quedó sin apoyos en el hemiciclo, donde ningún otro grupo vio con buenos ojos mezclar el debate presupuestario con la anulación del plan general de la capital.

«Todo esto estaría ya solucionado si lo hubiéramos hecho así, era la manera correcta, el método más ágil y seguro. No existía ninguna razón, ni técnica ni jurídica, que impidiera hacerlo de esa manera, sólo era cuestión de voluntad política», señaló el diputado José Manuel Igual en aquel momento.

El PP echó mano entonces del Plan B: aprovechar los cambios normativos que se introdujeron para permitir el proyecto de la mina de zinc del Besaya y aprobar las Normas. Pero tampoco consiguió los apoyos necesarios. Así que sólo quedó el Plan C, el que sí se aprobó y que ahora se quiere desechar.

Todavía existe un motivo más para dejar caer la iniciativa. El proceso para modificar la Ley del Suelo, tal y como se aprobó en el Parlamento, obliga a que comparezcan en comisión 25 personas, entre ellas César Díaz; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; los concejales Miguel Saro (IU) y Antonio Mantecón (no adscrito); el director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco González Buendía; y varios miembros de asociaciones ecologistas y vecinales de la capital.

El PP quiere evitar a toda costa estas intervenciones públicas. «Sería como echar más leña al fuego tras la presión que soportan por el MetroTUS y los espigones de La Magdalena, no quieren abrir un nuevo frente», opinan desde la oposición parlamentaria.

El problema para el PP es que no depende sólo de él que esta medida caiga en el olvido después de un año. Según el Reglamento de la Cámara, una vez que una proposición de ley se aprueba en el pleno, su propiedad deja de ser del grupo que la presentó y pasa a ser del Parlamento. Esto es, de todos los grupos. Así que si en algún momento a algún partido le interesa, por estrategia política o por otro motivo, reactivar su tramitación, puede hacerlo. A los populares no les consta esta posibilidad, como manifestaron a este periódico, aunque en ningún caso se puede descartar que acabe ocurriendo a lo largo del año.