Igual lamenta ante el ministro de Justicia la «gran fragilidad jurídica» de los Planes Generales

Celedonio Martínez

La alcaldesa vuelve a reclamar al Gobierno cántabro y al Parlamento que se agilicen los trámites para dotar a Santander de nuevas normas urbanísticas

M. MARTÍNEZ | V. SANTIAGOSantander

Lo ha reclamado ya públicamente en otras ocasiones, pero ayer lo hizo ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con quien inauguró el curso de la UIMP ‘Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía’. En este acto, la alcaldesa de Santander reivindicó mayor celeridad en la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la ciudad. «No se puede tardar diez años para aprobar un Plan General y después tener un documento que, pese a tener un grado elevado de control, tiene una gran fragilidad jurídica ante cualquier recurso».

Gema Igual apuntó, de este modo, al PGOU de Santander anulado por el Tribunal Supremo (TS) en noviembre del año pasado, coincidiendo prácticamente con su relevo en la Alcaldía a Íñigo de la Serna. El Supremo justificó, como causa de la anulación, la «insuficiencia de recursos hídricos», esto es, la escasez de agua si no se utilizaba la herramienta del Bitrasvase Ebro-Pas-Besaya (el proyecto de abastecimiento de aguas a Santander anulado también por el Supremo). Tras la anulación, la ciudad ha tenido que retomar el Plan General de 1997.

Igual pidió más celeridad –«que se agilicen los trámites»– al Gobierno de Cantabria y al Parlamento autonómico en este sentido, entre otras razones, por los perjuicios económicos que la anulación de la norma implica en la ciudad. «El Plan necesita que todas las instituciones arrimen el hombro», insistió al tiempo que afirmó que no es lógico retrasar la aprobación de un plan toda una década, motivo por el que insta a que se « tomen cartas en el asunto», ya que el problema afecta en la actualidad a una docena de capitales y grandes ciudades por todo el territorio español.

Por otro lado, Igual recordó que el Ayuntamiento ya trabaja en la composición de Normas Urbanísticas Transitorias (NUTs) que se solicitaron al Parlamento y en la redacción de los pliegos para contratar la redacción de un nuevo Plan General.

Tal como ha hecho en los últimos meses, tras advertir de los graves prejuicios que causa la anulación de la norma urbanística, la alcaldesa defendió que el varapalo judicial recibido por Santander el pasado otoño no ha provocado la paralización de la ciudad. Es más, la reivindicó como «motor económico» de la comunidad. En la capital, subrayó, «sigue el optimismo. Somos el único ayuntamiento con actividad económica, que tiene obreros y que genera empleo con el desarrollo económico», señaló. También repitió que la anulación no se debió a causas imputables al Ayuntamiento y que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en sentencias previas a la de noviembre habían «avalado como «correcto» el modelo territorial que proponía para Santander el PGOU de 2012.

Casares: «Era irreal»

Ayer mismo, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Casares, replicó a la alcaldesa diciendo que «si se hubieran hecho las cosas bien hoy no tendríamos un PGOU anulado. En 2012 sabíamos que era irreal la planificación urbanística que hacía el PP para Santander. Hoy además sabemos que también es ilegal».

Casares insistió en que el plan santanderino «agotaba todo el suelo de la ciudad y preveía que Santander iba a tener 261.000 habitantes en 2024, es decir 90.000 habitantes más que ahora pese a que la capital lleva 10 años perdiendo población». Además, el socialista remarcó que, cuando se aprobó el PGOU de Santander, el bitrasvase ya había sido declarado ilegal por la Audiencia Nacional en 2011.

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