Un informe acredita que el edificio de la calle Pizarro desalojado «carecía de cimentación»

Vecinos del bloque número 6 de Pizarro el día que el Ayuntamiento les comunicó oficialmente el desalojo de sus viviendas/Andrés Fernández
Vecinos del bloque número 6 de Pizarro el día que el Ayuntamiento les comunicó oficialmente el desalojo de sus viviendas / Andrés Fernández
Santander

La obra para asegurar el bloque se iniciará la semana entrante tras medio mes de parón en el inmueble vacío y en el solar de Divina Pastora, donde tampoco se está trabajando

Violeta Santiago
VIOLETA SANTIAGOSantander

Un total de 44 días llevan fuera de sus domicilios de la calle Pizarro número 6 los 15 vecinos que fueron desalojados «preventivamente» a la vista de que en su edificio –colindante con una gran obra que se estaba empezando a ejecutar en el solar del antiguo colegio Divina Pastora– estaban haciéndose más y más grandes las grietas y fisuras que comenzaron al hilo del citado proyecto. Y los propietarios no tienen ni idea de cuándo podrán regresar a sus casas: los trabajos para asegurar tanto su inmueble como los terrenos en que se asienta llevan parados dos semanas, si bien fuentes de Tecniobras (la empresa que va a construir en la finca de al lado) indicaron que tienen previsto retomarla la semana que entra.

Ahora mismo, tanto los vecinos afectados como la constructora están a la espera

Desde esta firma se indicó que se encargó un informe técnico, cuyos resultados se han conocido hace pocos días. Este informe acredita «la ausencia de cimentación necesaria del edificio» desalojado «y la consecuente falta de estabilidad de una construcción en estas condiciones». Para asegurar, por tanto, la base del edificio y cimentarla se precisa una maquinaria concreta y especial para este tipo de trabajos «que hay que traer de Madrid» y que ya se ha solicitado. Según especificó la empresa, «en el momento en que se emprendan las actuaciones para cimentar en la calle Pizarro, también se reanudarán las obras en el solar».

A los residentes en el bloque desalojado les pidieron en el momento del desalojo que contaran, más o menos, con un mes de exilio de sus viviendas, aunque este plazo ahora se ha revelado excesivamente optimista: «Este es un tema serio y hay que estudiarlo bien. No se van a hacer las cosas a la ligera, así que habrá que irse a dos o tres meses mínimo», señaló el arquitecto Javier Fernández Cotero a este periódico.

días llevan los vecinos afectados fuera de sus domicilios y no tienen ni idea de cuándo podrán volver

Fernández Cotero fue contratado por un grupo de titulares de viviendas en los dos edificios de la calle Pizarro que empezaron a temer por sus pisos en cuanto supieron que en la finca limítrofe estaba planificada una excavación importante. Este temor les llevó, también, a contratar a una abogada que está velando por sus intereses. Los vecinos son conscientes de la antigüedad de su edificio, pero siempre han mantenido que los problemas sólo empezaron con la excavación de al lado.

El arquitecto agregó que en estos días de parón de la reforma se han estado valorando las mejores maneras de reforzar tanto el inmueble en cuestión como su base. «Primero se ha apuntalado el edificio para después consolidar por debajo», indicó.

Pero ahora mismo, todos están a la espera: los vecinos afectados y la propia constructora del solar colindante, que había comenzado las tareas preliminares de acondicionamiento del terreno para levantar en el lugar una treintena de pisos, 110 aparcamientos subterráneos y unos locales que se cederán al Ayuntamiento de Santander.

El Consistorio es parte interesada en el plan, ya que llegó a un acuerdo sobre el uso futuro de la parcela (que pasó de tener uso educativo a tener uso residencial) a cambio de seguir incrementado el patrimonio municipal: se le van a ceder 10 plazas de aparcamiento y un edificio de 750 metros en pleno centro de la ciudad.

La constructora, por su parte, no ha hecho más que saltar obstáculos desde que inició el proyecto, ya que éste también está afectado por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) decretada por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre que ha obligado al Ayuntamiento a regirse de nuevo por el planeamiento urbanístico de 1997.

El municipio se limita a supervisar los pasos que se están dando

Aunque los vecinos reclamaron en un primer momento al Ayuntamiento que paralizase la construcción de Tecniobras y discutieron la conveniencia de dar una licencia de obra tan pegada a un edificio centenario y en unos terrenos muy desiguales, que siempre han estado recorridos por manantiales, el papel del Ayuntamiento en este caso es de mero supervisor, ya que el contencioso que se ha suscitado es entre dos particulares: la constructora por un lado y los vecinos del bloque amenazado por otro. Por tanto, aunque para el desalojo se tuvo que dictar una resolución municipal, porque es preceptiva, el Ayuntamiento se limita a controlar las decisiones que toman los técnicos de Tecniobras con los afectados. La alcaldesa se ha interesado repetidas veces por la situación de los propietarios desalojados.

Varias valoraciones

En este contexto, el último problema fue la evidencia, a finales de mayo, de que el movimiento de tierras (el centenar largo de aparcamientos serán subterráneos, lo que está obligando a un esfuerzo extra de habilitación de la finca) estaba afectando en forma de grietas al inmueble que finalmente fue desalojado. Aunque antes de tomar la decisión del desalojo se hicieron varias valoraciones técnicas: una de Tecniobras, otra del arquitecto Fernández Cotero y una tercera del Ayuntamiento de Santander.

Los residentes en el portal número 4 de la misma calle, por su parte, siguen vigilantes sobre el estado de sus casas, aunque por el momento no se han tenido que ir y eso que en junio ya eran evidentes las zonas abombadas y desconchadas en las paredes de las áreas comunes y en los propios pisos.

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