Cantabria se sube a la ola en defensa de la Selectividad

Alumnos cántabros, durante la pasada PAU.
Alumnos cántabros, durante la pasada PAU. / Javier Cotera
  • Las comunidades autónomas, incluidas las del PP, han pedido al Ministerio de Educación que congele la nueva reválida que contempla la LOMCE y prorrogue un año más la Prueba de Acceso a la Universidad

No es la primera vez que Cantabria muestra su desacuerdo con la normativa de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). De hecho, el Gobierno Regional ha presentado recientemente un recurso ante el Tribunal Supremo contra las nuevas reválidas de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato que pretende poner en marcha la famosa 'ley Wert'. Pero en esta ocasión el Gobierno cántabro no está solo en su petición para que el Ministerio de Educación prorrogue un año más la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Según informa El País, todas las comunidades autónomas españolas, incluidas las cinco en las que Gobierna el PP, se oponen de frente a que entre en vigor este curso la nueva selectividad y han pedido al Ministerio de Educación que mantenga la actual (PAU) durante el curso académico 2016-2017. Consultada por EL DIARIO, la directora general de Universidades del Gobierno de Cantabria, Marta Domingo, matiza que "Murcia, La Rioja y Galicia no han suscrito el acuerdo, mientras que Madrid lo ha hecho, pero con matices y Euskadi todavía no ha dado una respuesta".

Reunidos hace tres días en Valladolid, los directores generales de Universidades, altos cargos políticos que están por debajo de consejeros y viceconsejeros de Educación regionales, tenían muchos temas sobre la mesa, pero sin duda alguna fue el de las reválidas al que le dedicaron más tiempo. Consideran que implantar ya la llamada Evaluación Final de Bachillerato, cuando ya se tiene avanzado el curso académico, no está bien y que "resulta preferible prorrogar el actual sistema de PAU", al menos para este curso. "No creemos en la LOMCE, lo ha dicho en muchas ocasiones el Consejero de Educación, y sobre todo las reválidas, tanto en la ESO como en Bachillerato, es algo que no vemos", reconoce Marta Domingo, directora general de Universidades del Gobierno de Cantabria.

Además, los responsables universitarios recuerdan que ya había quedado establecido que la nueva prueba de acceso a la universidad de la LOMCE no iba a tener "efectos académicos para obtener el título de Bachillerato (sí como prueba para ingresar en la universidad)" durante este curso 2016-17, por lo que esta es una razón más para solicitar al Ministerio que busque una fórmula que posibilite la prórroga de la actual PAU.

Los responsables de Universidades autonómicos, entre los que se encuentra Domingo, proponen que, en caso de que el Ministerio decida seguir con sus planes y no prorrogar la PAU, que la nueva reválida se asemeje lo más posible a la actual prueba de acceso "en cuanto a estructura y organización.

También, piden al Ministerio que "quede explícito que se trata de una prueba obligatoria exclusivamente para el acceso a la universidad" y que, por tanto, todo estudiante de Bachillerato que no quiera continuar sus estudios en la universidad "tiene la posibilidad de no presentarse".

En principio, el próximo día 30 de noviembre el Ministerio tiene que publicar todas las matrices que explicará en qué consistirá la prueba, como se hará, cuándo se hará, quiénes la deben hacer y para qué servirá. Por eso los directores de Universidades instan al Ministerio a que antes de esa fecha convoque a las comunidades para explicar el desarrollo y otros aspectos técnicos de la Evaluación (reválida), ya que al final son las consejerías las responsables de implantarla y las encargadas de negociar con las universidades, las familias y la comunidad educativa, y las que deben afrontar todas las dificultades.

La financiación, otro problema

Sobre la financiación necesaria para el desarrollo de la prueba, instan al Gobierno de España a que "garantice la viabilidad económica no solo en el presente curso académico sino también en el futuro". "La nueva reválida requiere otra logística, porque tal y como está planteada en la ley afecta a más alumnos (no solo los que quieren acceder a la Universidad como hasta ahora, sino también a los que quieran aprobar el bachillerato y la ESO), son más asignaturas las que se evalúan y todo esto necesita una financiación económica que tendrán que asumir las comunidades y que ahora mismo no se cuenta con este dinero", explica Marta Domingo.