La Fiscalía también investiga la difusión de datos de la víctima de La Manada

Cientos de manifestantes el pasado 4 de mayo en Madrid./Afp
Cientos de manifestantes el pasado 4 de mayo en Madrid. / Afp

La Sala contra la Criminalidad Informática indaga si existió un delito sancionable por la vía penal

DOMÉNICO CHIAPPEMadrid

El mismo día que comenzaron a divulgarse los datos personales de la víctima de La Manada, la Sala contra la Criminalidad Informática inició de oficio una investigación para determinar si existe un delito, sancionable dentro del Código Penal. «Contactamos a la Policía, que ya había abierto una investigación», explica Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de la sala. «Pero hasta que no sepamos qué ha pasado exactamente, cómo se ha producido esa difusión y quién la ha hecho, yo no puedo pronunciarme sobre si es o no una actividad delictiva», añade.

Este tipo de filtraciones, que atentan contra la intimidad y privacidad, «puede dar lugar a dos tipos de responsabilidad», precisó Tejada de la Fuente durante la presentación del manual 'Protección de datos y prevención de delitos'. Una, por la vía administrativa, con multas que desde finales de este mes pueden alcanzar hasta 20 millones de euros. En este caso actúa la Agencia de Protección de Datos (AEPD).

«Podríamos estar ante una infracción muy grave en el ámbito administrativo, dentro de la normativa de protección de datos, por parte de esas personas físicas que son responsables de esas páginas web o de esos foros, que han difundido datos de carácter sexual sin consentimiento, y en este caso desvelando la identidad de la víctima», confirma Mar España, directora de la AEPD, que también abrió una inspección de oficio. «Los responsables de esos foros se enfrentan a responsabilidades penal y administrativa, y se verá caso por caso».

En el caso de la difusión de datos de carácter personal de la víctima de La Manada, se trataría de dos comunidades virtuales, 'Forocoches' y 'Burbuja info' –y sus respectivos responsables, Álex Marín y Carlos López–, donde sus usuarios la identificaron con su nombre, documento de identidad e imágenes.

En el Senado, por su parte, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, expresó que «Sencillamente, es inaceptable» que «una mujer que ha sido violada, que ha sido objeto de la mayor infamia, como una violación... no puede envilecerse su persona a través de determinados foros y páginas». Sin referirse a una web concreta, dijo que «si hay medios del tipo que sea, de divulgación, de información o foros, que no contienen filtros, ni controles adecuados para prevenir estas conductas, existen instrumentos jurídicos para investigar». Esos instrumentos, a su juicio, ya están actuando.

Aparte de la responsabilidad administrativa, podría tratarse de una actividad delictiva. «Para que sea delito es necesario que la conducta se enmarque dentro de un tipo penal concreto», mantiene Tejada de la Fuente. «Nosotros valoramos si existen los requisitos que constituirían una actividad delictiva. Puede ser que no o que sí. Suponiendo que no, queda abierta la vía administrativa y se encarga la Agencia de Protección de Datos. Nosotras estamos en coordinación constante».

La Sala contra la Criminalidad Informática pidió la retirada de esos vídeos inmediatamente y los foros colaboraron, bloqueando, además, un centenar de cuentas. «Ahí sí hemos sido de una diligencia extrema», asegura la fiscal.

Aunque las autoridades no quisieron pronunciarse sobre la existencia de uno u otro delito, el documento AEPD explica que al compartir información obtenida de manera ilícita se podría incurrir en, al menos, dos delitos: uno, por «descubrimiento y revelación de secretos», ya que es un testigo protegido y además los datos se obtuvieron de «registros oficiales a los que se tiene un acceso restringido». Y un «delito contra la integridad moral». Además, si esa información se ha divulgado con el fin último de amenazar y coaccionar a esa persona o a su entorno, se sumaría un delito de amenazas, coacciones o acoso, como argumentaron los abogados Miguel Ángel Morán y Carlos Bacaicoa ante los tribunales madrileños. «Estamos en una situación de extrema sensibilidad», sentenció España.

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