Los municipios temen por su futuro y rechazan ser los causantes del déficit

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Foto de familia de los alcaldes y concejales reunidos en Puente San Miguel. / Luis Palomeque

  • Reocín acogió la trigésima asamblea anual con la única ausencia de los ayuntamientos de Miera, Puente Viesgo y San Felices de Buelna

"Sentimos una gran incertidumbre e inseguridad jurídica ante la aplicación de la reforma de la Ley de Régimen Local, máxime tras las sentencias del Tribunal Constitucional contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local". El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro (PRC) –alcalde de Reocín– puso énfasis en el "temor" a que las reformas previstas puedan dar al traste con la conformación actual de los ayuntamientos, especialmente de aquellos menos potentes.

Fue el punto de partida del cónclave de los alcaldes y concejales de Cantabria en el que casi hubo pleno –99 de los 102 municipios de Cantabria–, ya que únicamente faltaron a la cita los representantes de Miera, Puente Viesgo y San Felices de Buelna, algo que "lamentó" el presidente de la FMC. Y no sólo fue esta su protesta, sino que la amplió a quienes señalan a las corporaciones locales como las causantes del déficit del Estado: "No olvidemos que los ayuntamientos somos responsables de sólo el 3% de la deuda de este país" dijo, «por mucho que en ocasiones se nos demonice o se sugiera que deberíamos desaparecer o fusionarnos para ahorrar». Y lo explicó de una forma bastante más gráfica: "Como diría mi madre, eso es ahorrar en perejil".

Con un tono más conciliador, Diestro dijo a los munícipes que ellos deberían ser "reivindicativos e inconformistas cuando haya que serlo, pero también consecuentes y comprensivos con la situación que atravesamos que no es fácil para ninguna administración".

Sin puntualizaciones

Precisamente ante las administraciones se desarrolló la primera parte de la asamblea a la que fueron invitados el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz; la presidenta del Parlamento cántabro, Dolores Gorostiaga; y el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra. Entre los discursos, el que tuvo mayor calado político fue el de Gorostiaga que dedicó parte de su parlamento a zaherir a quienes, como respuesta porque se sienten golpeados por la situación de crisis, "tienen la tentación de orientar su malestar hacia unas instituciones democráticas que, con todos sus defectos, nos han permitido el mayor periodo de prosperidad y entendimiento de la historia de este país".

Por su parte, De la Sierra defendió la gestión de los ayuntamientos, de los que dijo son "generadores de superávit en el conjunto del país», al tiempo que fue contrario a iniciar procesos de supresión de estas administraciones, «a no ser que sea de forma voluntaria y por motivos de eficiencia". Por otro lado, se mostró convencido de que la colaboración entre el Gobierno y los ayuntamientos es "la base de la solución de los problemas y retos actuales", entre ellos, el de la ordenación de las competencias impropias y el desarrollo de la administración electrónica.

Samuel Ruiz, delegado del Gobierno en Cantabria, elogió el papel que realizan los ayuntamientos y compartió, en nombre del Gobierno de España, "vuestras preocupaciones y problemas". Resaltó algunas decisiones adoptadas por el estado, que "han ayudado e impulsado el funcionamiento de los ayuntamientos" citando el Plan de Pago a Proveedores "porque ha sido generador de riqueza". También se refirió a los 1.550 millones de euros que el Estado ha aportado a los municipios cántabros entre 2012 y 2015 "o los 2,2 millones que recientemente se han entregado como compensación a los daños por los temporales".

Por unanimidad se adoptaron las propuestas realizadas aunque ninguna tuvo especial calado. Quedó confirmado el presupuesto de la entidad para este año 2016, que asciende a 180.0000 euros, la rendición de cuentas de 2015 y la memoria de gestión 2015-2016. Del dinero que tiene la FMC, 85.000 euros corresponden a los pagos de salarios y seguridad Social de las dos personas contratadas.