El fraude de los aparcamientos de Santillana termina en los juzgados

Aparcamiento de Santillana del Mar.
Aparcamiento de Santillana del Mar. / Javier Rosendo
  • El Ayuntamiento detecta malversación de fondos públicos y remite el caso detectado este verano a la Fiscalía

El fraude de 28.000 euros descubierto con los tiques de aparcamiento en el que están involucrados seis trabajadores del Ayuntamiento de Santillana del Mar terminará finalmente en los tribunales. En un primero momento el equipo de gobierno dirigido por Isidoro Rábago (PSOE) inició un procedimiento interno al detectar arrepentimiento en los protagonistas (reconocieron sus actuaciones irregulares cometidas este verano y devolvieron los 12.000 euros que habían hurtado). Sin embargo, esa investigación interna, llevada a cabo por los servicios municipales, ha detectado "una conculcación de normas de derecho penal, en concreto, malversación de fondos publicos".

Una irregularidad que ha llevado finalmente al Ayuntamiento a trasladar al Ministerio Fiscal el presunto desfalco detectado. En caso de que la Fiscalía considere que existen motivos para iniciar un procedimiento penal, el Ayuntamiento que dirige Isidoro Rábago suspenderá el procedimiento administrativo y laboral que había iniciado en un primer momento.

En caso contrario, el procedimiento interno seguirá su cauce, que podría acabar en el despido de los seis implicados (un funcionario y cinco personas contratadas) o en una suspensión de empleo y sueldo durante unos meses.

De momento, el caso se encuentra a la espera de que se pronuncie la Fiscalía para seguir avanzando hacia su resolución. Asesorado por el secretario municipal, el interventor de Santillana se ha encargado de resolver la iniciación del procedimiento, que se notificó a los afectados. Al no presentar alegación alguna, la investigación ha seguido su curso y el interventor se ha encargado de examinar cada una de las actuaciones supuestamente irregulares.

En las dependencias municipales se custodiaban todos los tiques, que se contaba por miles y que todas los veranos acostumbraba a exceder de la que se vendía de forma efectiva. El Ayuntamiento validaba las series iniciales, dejando al parecer las últimas sin el sello correspondiente. Los trabajadores participantes en la estafa presuntamente se hicieron con matrices que contenían los últimos números de la tirada de 2016 y que en principio no se iban a comercializar, por lo que las fueron ‘colando’ entre los turistas de forma progresiva.

Seis de los trece empleados de Santillana que entregaban el tique a cambio del dinero tenían en su poder los talonarios ‘oficiales’ y los otros, de manera que por cada determinado número de vehículos iban cobrando con los que habían hurtado y ése era el dinero que posteriormente se quedaban supuestamente. Cada jornada, tras acabar la tarea, la recaudación se ingresaba en el banco, movimientos que se confirmaban al final de la campaña veraniega. Obviamente a la cuenta municipal sólo iban los fondos obtenidos con los resguardos validados por tesorería, mientras que la otra parte tenía como destino el bolsillo de los trabajadores implicados.

El instructor concluye en su informe, presentado ante la Fiscalía el pasado lunes 31 de octubre, que ese 'modus operandi' vulnera normas de derecho administrativo, laboral, y penal. "Efectivamente se ha producido una conculcación de normas de derecho penal, en concreto, malversación de fondos públicos", dicta el documento municipal.