Los ingenieros denuncian que las bajas en algunas obras de Torrelavega son «escandalosas»

Unos niños contemplan la obra de ampliación del parque infantil de la calle Pancho Cossío, parada desde hace varios meses. ::
Unos niños contemplan la obra de ampliación del parque infantil de la calle Pancho Cossío, parada desde hace varios meses. :: / Luis Palomeque
  • Ponen como ejemplo una reducción del 87% en la oferta presentada por una empresa de Granada para construir los nuevos carriles bici

La polémica por la adjudicación de obras con bajas temerarias en Torrelavega no cesa. La última denuncia ha partido del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria, que ha calificado las mismas como «escandalosas» y ha puesto como ejemplo una reducción del 87% en la oferta presentada por una empresa de Granada para construir los nuevos carriles bici del municipio. Actualmente, en Torrelavega hay dos obras paradas desde hace varios meses por incumplimiento de los contratos: el cierre de la pista deportiva del colegio Mies de Vega y la ampliación del parque infantil del Paseo del Niño.

Los ingenieros critican la «permisividad» de la Administración pública con las bajas desproporcionadas, es decir la presentación de ofertas anormalmente bajas en los contratos públicos, con los riesgos que ello conlleva para garantizar el cumplimiento de los contratos y las consecuencias para el ciudadano, que «paga con sus impuestos este desastre».

El colectivo señala que el último ejemplo se encuentra en el Ayuntamiento de Torrelavega, concretamente en el concurso para la construcción de cuatro carriles bicis para unir mejor el municipio con la comarca. El concurso se celebra ‘a doble vuelta’, sistema de contratación de por sí «perverso» que los ingenieros han denunciado en «innumerables ocasiones», porque es «una demostración de humillación de la Administración a los profesionales». A la licitación de los carriles bici se presentan 27 empresas, que en la primera vuelta han superado el 50% de baja media.

El decano del Colegio de Ingenieros, Enrique Conde, explica que en este caso una empresa de Granada ha presentado un 87% de baja respecto al presupuesto fijado por el Ayuntamiento, una cifra «vergonzosa» que aún puede superarse en la segunda vuelta. Si bien la Administración puede pedir a las empresas que justifiquen las bajas, en casos como estos «es imposible justificar una reducción tan drástica, por lo que o bien el presupuesto de partida estaba sobrevalorado o la empresa no va a poder hacer frente a la obra a la larga, con el consiguiente gasto para la ciudadanía».

Regalando la profesión

Conde señala también que, de manera «sorpresiva», en muchas ocasiones se justifican las bajas y la Administración las acepta. «Si bajas del 40% ya son una barbaridad –añade–, hablar de valores del 87% es como decir que prácticamente estamos regalando la profesión. Y todo ello, que es lo peor, bajo el amparo de una Administración pública como puede ser el Ayuntamiento de Torrelavega. Los mismos funcionarios de están escandalizados con las ofertas que se permiten en los concursos públicos».

Conde está de acuerdo con que el mercado debe liberalizarse y sistemas de contratación pasados donde se valoraba el conocimiento de la Administración y no la meritocracia deben de desaparecer, pero «otra situación totalmente antagónica es la humillación de los profesionales en una época de crisis como la actual».

La referida obra de Torrelavega forma parte del proyecto de la Consejería de Obras Públicas para la construcción de una red de carriles de bicicletas que una la ciudad con varias localidades de la comarca. La Consejería subvenciona a los ayuntamientos la redacción de los proyectos (en este caso 36.000 euros) y luego financia las obras. El concurso público no requería a las empresas ningún condicionado técnico, perfiles profesionales o similares, sólo valora el precio (80%) y los plazos de ejecución (20%).

Para el decano de los ingenieros, este tipo de «abusos» son frecuentes: «La situación ronda ya los límites de la ilegalidad y, fundamentalmente, del respeto a los profesionales y a los ciudadanos. Estamos registrando adjudicaciones con bajas que superan el 80%, una cifra ridícula que cuestiona la seguridad y solvencia de la obra y que está amparada por la propia Administración, que permite la presentación de estas ofertas, lo que pone en entredicho su ética profesional».