El juzgado fija el desahucio del complejo deportivo Óscar Freire para el 10 de julio

El juzgado fija el desahucio del complejo deportivo Óscar Freire para el 10 de julio
Luis Palomeque

El juicio, tras la demanda de Sniace al Ayuntamiento por impago del alquiler de las instalaciones, se celebrará el próximo 16 de mayo

David Carrera
DAVID CARRERATorrelavega

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Torrelavega ha fijado para el día 10 de julio la fecha de desahucio del complejo deportivo Óscar Freire, tras la demanda presentada por Sniace en la que reclama al Ayuntamiento el pago de casi 900.000 euros por el alquiler de estas instalaciones. En un auto dictado el pasado 13 de febrero el juez requiere al Ayuntamiento de Torrelavega a que haga de forma voluntaria el abandono y utilización de las instalaciones, fijando el próximo 16 de mayo, a las 9.30 horas, la celebración del juicio. Asimismo informa a las partes -empresa y Ayuntamiento- de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el litigio, incluido el recurso a una mediación.

Sniace presentó hace un mes una demanda de desahucio contra el Consistorio, por impago de rentas (870.000 euros) correspondientes al contrato de arrendamiento del complejo deportivo Óscar Freire y las antiguas escuelas del barrio San Gil, cedidas en la actualidad a la ONG Amica. La demanda por impago de rentas se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la ciudad, y además del pago de la deuda reclamaba que los tribunales fijen una fecha para el desalojo. La empresa exige al Ayuntamiento que abandone las instalaciones, en las que ha hecho inversiones millonarias, y que se fije fecha para el lanzamiento de sus bienes. En su defensa, el Ayuntamiento esgrime que las rentas están pagadas hasta el próximo 19 de abril por «compensación de deudas» y recuerda que se está tramitando un expediente expropiatorio que afecta a las instalaciones deportivas.

Por su parte, Sniace explica que es propietaria tanto del complejo deportivo como de las antiguas escuelas y que firmó en 1999 un contrato de arrendamiento con la entonces alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, para destinar las instalaciones a uso deportivo y social. El plazo de vigencia del convenio se fijó en 12 años, por lo que expiró en 2011, concretamente el 20 de abril. El contrato se ha ido prorrogando desde entonces ante la falta de denuncia por las partes.

Los detalles

870.000
euros reclama Sniace al Ayuntamiento por el impago del alquiler del complejo deportivo Óscar Freire.
La demanda
Sniace presentó una demanda de desahucio para que el Ayuntamiento de Torrelavega desaloje las instalaciones del complejo deportivo Óscar Freire y la conocida como ‘Casita del Padre Coll’, o antiguas escuelas del barrio San Gil, cedida por el Consistorio a la asociación Amica. El contrato de las instalaciones deportivas venció en 2011 y desde entonces el Ayuntamiento lo disfruta en precario. En cuanto a la ‘Casita del Padre Coll’, cedida por el Consistorio a su vez a Amica en el año 2002, está siendo utilizada por la asociación como vivienda de formación para la vida independiente de personas con discapacidad, y dispone en la actualidad de ocho plazas.
531.000
euros es la deuda que el Consistorio reconoce por los seis años de disfrute desde que finalizó el convenio.

Una vez cumplida la fecha de vigencia del convenio, la empresa notificó al Ayuntamiento el vencimiento del mismo, solicitando la puesta a disposición de la empresa de las instalaciones deportivas y del edificio de las antiguas escuelas. Según indica la demanda, el Consistorio hizo caso omiso del requerimiento, obligando a Sniace a reiterar la solicitud al menos en tres ocasiones, no recibiendo «contestación alguna». Mientras tanto, el Ayuntamiento ha seguido utilizando las referidas instalaciones «sin atender contraprestación alguna».

Después de cinco años de «absoluto silencio», el Ayuntamiento se pronunció y preguntó a la empresa por las cantidades que reclama, a lo que ésta respondió cifrando los «daños y perjuicios» que le habían sido ocasionados en unos 870.000 euros por distintos conceptos y ejercicios. Finalmente, el Ayuntamiento reconoció una deuda de 531.000 euros por los seis años de disfrute de las instalaciones desde que finalizó el convenio, que se daba por prorrogado. «Lo sorprendente de dicha resolución -explica Sniace- es que, si bien reconoce mi pretensión de que desaloje el complejo que viene utilizando a pesar de que el contrato expiró hace más de seis años, me invita a que interponga la presente demanda para darle efecto al desahucio».

Los intereses

Mientras tanto, en una resolución posterior, el Consistorio calculaba los intereses devengados y los declaraba compensados junto con el principal por las deudas concursales de la empresa. En concreto, acordó compensar la cantidad principal más los intereses (599.000 euros) y, por tanto, daba por pagado el alquiler de las instalaciones «hasta el 20 de abril de 2017». Sniace dice que, superada esta fecha, el Consistorio sigue ocupando las instalaciones a la espera de que «se ejercite la facultad jurídica de orden de desahucio que corresponde al arrendador».

A la espera de resolución sobre el juicio oral -el 16 de mayo- que se ha abierto tras la reclamación de Sniace, el Ayuntamiento confía en que los tribunales respalden su planteamiento, al mismo tiempo que los técnicos municipales aprecian algunas incorrecciones en la demanda de la empresa. El año pasado el Ayuntamiento abrió un expediente de expropiación de las instalaciones, cuya continuidad reafirmó el equipo de gobierno y en el que siguen trabajando los técnicos para responder a las alegaciones presentadas por la compañía.

«La expropiación no tiene justificación urbanística»

El expediente de expropiación iniciado por el Ayuntamiento para hacerse en propiedad con cuatro parcelas de Sniace ha vuelto a poner de manifiesto las viejas diferencias entre la administración local y la empresa. Tras recibir la notificación del inicio del proceso expropiatorio, Sniace presentó en el Ayuntamiento las correspondientes alegaciones entre las que destaca que «no está justificado ni desde la perspectiva urbanística, ni desde luego desde la perspectiva de la mejor administración de los fondos públicos municipales».

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