Miengo no quiere formar parte del club de los ayuntamientos con arte o parte en derribos de viviendas, aunque su nombre figure al lado de Piélagos, Escalante, Arnuero y Argoños como territorios con sentencias firmes. No se siente del lado de las administraciones culpables y ha dicho al consejero de Obras Públicas, José María Mazón, que no piensa entrar en la nueva comisión de seguimiento del Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria sobre las sentencias de derribo, a no ser que su papel sea el de víctima, como el de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
En el municipio de Miengo están 110 de las 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, en dos urbanizaciones diferentes de Cuchía, y el Ayuntamiento repite que está libre de culpa y que en un caso la responsabilidad es del Tribunal Superior de Justicia y en el otro del Gobierno de Cantabria, y a ellos compete responder.
El alcalde, Avelino Cuartas, tira de archivo para refrescar la memoria a los que hayan olvidado el origen de los dos casos, que después de superar las dos décadas dice que tienen «más capítulos que 'Amar en tiempos revueltos'». El primero -el de 20 viviendas en la playa de Cuchía- comenzó en junio de 1988, cuando la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) aprobó el Plan Parcial 'polígono residencial Cuchía', que fue publicado en el BOC el 26 de agosto. Pues bien, entre uno y otro mes -en julio- entró en vigor la Ley de Costas, y ahí surgió el problema. Por un lado, el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) interpuso un recurso contra la aprobación de ese Plan Parcial porque entendía que había que aplicarle la Ley de Costas y, por otro, el TSJC (en 1992) desestimó tal recurso. Así las cosas, el Plan Parcial se publicó en el BOC en el año 2000, ARCA recurrió y en 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desestimó el recurso porque entiende que la fecha de aprobación del Plan Parcial es la de su publicación (en agosto), y la Ley de Costas (de un mes antes) no es aplicable. Al final, en 2003 el Tribunal Supremo quita la razón al TSJC sobre la aprobación definitiva del Plan Parcial (que es en junio).
Y, con todo, el Gobierno de Cantabria llama al Ayuntamiento de Miengo a participar en esa comisión de seguimiento, «y no voy a ir, porque lo hicimos correctamente, no nos equivocamos con la Ley de Costas, fue el TSJC el que cometió un error, como dijo el Supremo».
Son legalizables
En base a la sentencia del Supremo los propietarios de esas 20 viviendas han pedido al Ayuntamiento licencia para sus casas y se encontraron con la callada por respuesta: «hicimos silencio administrativo para que sea el TSJC el que les dé la solución», y el caso está ya en manos del tribunal, que podrá, o bien legalizar las casas o bien ejecutar la sentencia y ordenar su derribo para, después, dar licencia y construir de nuevo. El alcalde aseguró que «nosotros íbamos a tirarlo el verano pasado, pero paramos cuando el Gobierno dijo que este caso se podía solucionar».
El segundo de los casos de Miengo es el de tres edificios con 90 viviendas también en Cuchía, la urbanización 'Las Arenas'. Todo comenzó en febrero de 1992, cuando la empresa Asva solicita licencia al Ayuntamiento para construir. En abril, el Consistorio pide que se subsanen ciertas deficiencias detectadas en el proyecto pero, un mes después, Avsa denuncia la mora ante la CRU y, en mayo, este departamento del Gobierno se la concede, «porque ignoraba que existían tales deficiencias». Más tarde, la CRU estima el recurso de reposición del Ayuntamiento contra esa licencia, pero Asva había comenzado ya las obras sin atender a las órdenes municipales de paralización. Al final, la CRU ratifica la concesión de la licencia, el Ayuntamiento vuelve a recurrir y el TSJC pone de relieve las infracciones que se estaban cometiendo (las obras ocupaban parte de suelo rústico, había exceso de edificabilidad, se incumplía la distancia entre bloques...) y todas las obras pasan a ser ilegales. Entonces, el TSJC anula la licencia y ordena demolerlo todo, un caso que también llegó al Supremo, que desestimó el recurso de casación.
Este caso trae cola, porque en octubre de 2009 los propietarios solicitaron licencia para realizar obras de mantenimiento en un edificio que ya está en muy mal estado, pero el Ayuntamiento la denegó por haber sentencia firme de demolición. Eso sí, el Consistorio, puntualiza el alcalde, tampoco pidió la ejecución de la sentencia «porque se causaría mucho daño social, son 90 VPO», y, si la hubiera pedido, sería «el Gobierno el que tendría que demolerlas, por una licencia mal dada por sí mismo».
Este segundo caso también tiene posibilidades de legalización en el PGOU, aunque el alcalde dice que el Gobierno «calificó el suelo como de 'protección ecológica', porque es donde se quiere hacer la Ciudad del Cine», complicando la solución.
